Oaxaca, Oax., 23 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó arraigar al sacerdote Martín Octavio García Ortiz, a quien se acusa de instigar los asesinatos del presidente municipal priísta de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez, y del regidor de salud, Félix Misael Hernández, perpetrados el sábado anterior, supuestamente por miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, que se opone a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán.

El subprocurador Netolín Chávez Gallegos informó que el clérigo fue arraigado por 30 días, a partir de acusaciones presentadas por priístas afiliados a la organización San José, Defendiendo Nuestros Derechos.

Explicó que la PGJE investigará las imputaciones y recabará pruebas para determinar si el sacerdote es consignado a un juez.

Destacó que el clérigo manifiesta que no estaba en el lugar de los hechos.

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca condenaron la agresión de priístas a Martín Octavio García, negaron que el religioso esté implicado en los homicidios y responsabilizaron del incidente al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a la minera.

Los organismos expusieron en un comunicado que los priístas iniciaron en noviembre de 2009 una campaña contra el sacerdote e incluso dijeron a la Procuraduría General de la República que era miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Explicaron que el día de los homicidios el clérigo y el coro de su parroquia se dirigían al templo de San José del Progreso a celebrar una misa a las 19 horas, pero un grupo de personas armadas les bloqueó el paso y los obligó a bajar del vehículo en que viajaban.

Sostuvieron que los desconocidos le dieron una golpiza al cura y lo llevaron al domicilio de Servando Arango, donde lo retuvieron hasta la madrugada del domingo, para luego entregarlo a la PGJE, en cuyas instalaciones permaneció supuestamente por su seguridad, pero se quedó en calidad de presentado y lo acusaron de ser el autor intelectual de los asesinatos.