Pachuca, Hgo. Por un lapso de nueve horas, unos mil funcionarios de diversas dependencias fueron retenidos por 400 pobladores de diez localidades indígenas de la región de Ixmiquilpan los cuales bloquearon los accesos del Palacio de Gobierno de Hidalgo en demanda de su intermediación para la solución de un conflicto agrario por la escrituración de un predio de 30 hectáreas generado en 1984 por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) hoy Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Miguel Tello, secretario de planeación estatal informó que al momento en que fueron cerradas las puertas del Palacio de Gobierno había en su interior un millar de personas a las que no se les permitía salir, entre ellos miembros del gabinete, trabajadoras embarazadas y otras con sus pequeños hijos.

Al mediodía, los manifestantes aceptaron que las mujeres en sillas de rueda y embarazadas pudieran salir del inmueble.

Primero salió una mujer en silla de ruedas y otras tres personas con discapacidad, pero hacía las 15 horas permitieron la salida, por la puerta posterior del inmueble de cerca de 250 empleadas administrativas, una de ellas con un bebé en brazos.

De acuerdo Pablo Baquera Hernández, uno de los representantes de los campesinos hay un decreto presidencial del año 1973 expedido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez a favor de los ejidatarios en el que se expropiaron 30 hectáreas de tierra.

El terreno atraviesa varias localidades como San Pedro Capula; Jaguey Capula; La Huerta Capula; Capula Centro ; Jaguey de Vázquez y otras más.

Sin embargo, explicó que en 1984 la SARH les informó sin darles mayor explicación que el predio le pertenecía a esa dependencia y bajo amenazas de encarcelarlos, los representantes de la dependencia federal amenazaron con detener y encarcelar a las 250 personas que diversas comunidades que construyeron sus casas.

Tras una larga batalla legal, Pablo Baquera aseguró que hace dos años , los representantes de la Conagua, que heredó el conflicto de la SARH , les notificaron que iban a desincorporarse del predio “porque no le servía” y que se lo iba a entregar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) la cual tenía la responsabilidad de escriturarlo a los pobladores que desde hace medio siglo la tienen en posesión.

A finales de 2024 se enteraron de que de forma inexplicable el Indaabin había regresado el expediente del predio a Conagua en vez de hacer la escrituración por lo que pidieron la intervención del gobierno estatal.

“El 22 de febrero concertamos con Fernando Flores Richard, subsecretario de gobierno estatal una reunión “ en la que estarían los representantes del gobierno estatal , del Indaabin y de la Conagua la cual quedó agendada para el 5 de marzo. Según Barquera, cuando llegaron al Palacio de Gobierno , no se les quiso recibir y los empleados del lugar les negaron la entrada .

En respuesta,los ejidatarios bloquearon los accesos del Palacio de Gobierno y no permitieron ni la entrada ni salida de nadie.

Un grupo de policías estatales con algunos perros antimotines se aproximaron al Palacio de Gobierno lo que estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento con los indígenas, que arrancaron algunas ramas de unos árboles, y desarmaron una parrilla de metal de las rejillas del desagüe para hacerse de varillas. Los policías optaron por replegarse cerca de allí.

Los representantes del gobierno estatal les ofrecieron gestionar con Conagua y el Indaabin la escrituración del predio en ocho meses lo que no aceptaron los ejidatarios.

Después de varios momentos de discusiones y reproches a los funcionarios estatales, los indígenas aceptaron que la escrituración fuera en seis meses tras lo cual permitieron a los trabajadores abandonar el Palacio de Gobierno.