Ciudad de México. Ante los desafíos por el incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la poca efectividad de las autoridades en la materia para aplicar sanciones, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) propuso a la Cámara de Diputados una serie de reformas para que lo faculten con el poder de imponer multas a los patrones y agrupaciones de empleados que obstaculicen la libertad sindical.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara baja aprobó recientemente un dictamen que modifica los artículos 133, 373, 378, 685-Ter, 994 y 1008 de la LFT, a fin de fortalecer la libertad de asociación y prohibir la discriminación sindical, como condicionar el empleo a un trabajador a su afiliación a una organización gremial.

El proyecto de reformas también señala que el titular del CFCRL tendrá capacidad para imponer sanciones a quien incumpla con las obligaciones de la ley laboral, y las multas van de las 250 a las 5 mil unidades de medida y actualización (UMA), que van desde los 27 mil 142 a los 542 mil 850 pesos.

El director del organismo gubernamental, Alfredo Domínguez Marrufo, subrayó que la iniciativa vendrá a fortalecer el rol de la autoridad laboral, principalmente del Centro Federal Laboral, y así hacer más eficaces los derechos a la democracia y la libertad sindical de los trabajadores.

En entrevista, indicó que si bien en términos generales se está cumpliendo con la reforma a la LFT de 2019, reconoció que todavía hay resistencia dentro de las empresas.

Por ello, anotó, que una vez que se agote el proceso en el legislativo federal y se aprueben las modificaciones se subsanaría un vacío que existe en la Ley Federal del Trabajo, como el hecho de no dotar de facultades al CFCRL para imponer sanciones a quien viole libertad sindical y negociación colectiva, derechos establecidos en el T-MEC.

El funcionario dio a conocer que uno de los casos más emblemáticos que fue encendiendo las alertas por la violación a los derechos de los trabajadores fue el de Manufacturas VU, en Coahuila, empresa que pese a estar sujeta a un plan de remediación del T-MEC despidió a todos los trabajadores, cerró sus instalaciones e incumplió con el plan después de dos quejas laborales.

Entre las modificaciones propuestas está modificar el artículo 373 de la LFT para elevar el monto de la multa a los agrupaciones de representación de los trabajadores que incumplan con la rendición de cuentas. La sanción se incrementaría de 200 a 5 mil UMA.

Datos de la institución, revelan que de los 6 mil sindicatos que se estiman con vida activa en el país, sólo 4 por ciento cumplen con transparentar su patrimonio.