Ciudad de México. Por incurrir en “omisiones y dilación” en el procedimiento migratorio de una mujer hondureña y su hija mexicana, a quienes agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró y las mantuvo alojadas durante 35 días en un centro de asistencia social, en Berriozábal, Chiapas, en junio del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al órgano que dirige Francisco Garduño.

La CNDH comprobó que las autoridades migratorias consignaron hechos falsos, al afirmar que las dos detenidas eran hondureñas y que no contaban con documentos para acreditar su regular estancia en el país.

“Derivado de las manifestaciones de la víctima y de gestiones realizadas por el DIF-Chiapas, se corroboró el origen mexicano de la menor, adjuntando como evidencia su acta de nacimiento; que tal documento fue recibido por el INM y, no obstante, la autoridad señalada demoró todavía seis días más en resolver el caso, inobservando así el plazo legal establecido y, en consecuencia, vulnerando sus derechos humanos”, aseveró en la Recomendación 182/2023.

Igualmente, aseguró que las seis personas servidoras públicas involucradas omitieron realizar una adecuada puesta a disposición de las víctimas, así como consignar las manifestaciones hechas por una de ellas en los informes correspondientes.

Ante tales hechos, la CNDH recomendó al INM colaborar en el trámite de inscripción y reconocimiento de las dos personas agraviadas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se proceda a la inmediata reparación integral del daño; así como en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que se presente en su Órgano Interno de Control, en contra de las personas señaladas como responsables.

Además, deberá diseñar e impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos, con enfoque en los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración y en los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la legalidad y a la debida diligencia, el cual deberá estar dirigido a todas las personas servidoras públicas adscritas a la Oficina de Representación Local del INM en Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente, el instituto deberá, en un plazo no mayor a dos meses, emitir una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas que laboran en la Oficina de Representación Local del INM en Tuxtla, para que las acciones de control, revisión, verificación migratoria, y las entrevistas a personas migrantes, se realicen con la debida exhaustividad y dejando constancia y elementos probatorios de sus actuaciones, e informen oportunamente, si así corresponde por ley, sobre el derecho que tienen las personas a regularizar su situación migratoria y los mecanismo para ello.