Las consecuencias humanitarias que ocasiona la violencia del crimen organizado en países de América Latina y el Caribe pueden ser tan “trágicas e inaceptables” como las de los grandes conflictos armados, aseveró Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Al presentar la nueva edición de la revista internacional de la Cruz Roja, en la que se trata este tema, indicó que la violencia criminal tiene incluso cicatrices mucho menos visibles como la falta de acceso a servicios esenciales, inseguridad generalizada, problemas en la salud mental, así como personas obligadas a jugarse la vida en las rutas migratorias.
En algunas ciudades de Centroamérica y otros países de la región, dijo, “las personas enfrentan lo que llaman ‘fronteras invisibles’, que son establecidas por pandillas rivales y que impiden acceder a los servicios esenciales de salud o educación”.
Sophie Orr, directora regional para las Américas del CICR, expuso que el 33 por ciento de los homicidios del mundo ocurren en esta región, donde también se encuentran 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo.
“En Haití, sólo en abril, alrededor de 600 personas fueron asesinadas, y en los primeros tres meses de 2023 son más de 800. Los secuestros también han llegado a unos 100 este año”, señaló.
Mencionó que las afectaciones humanitarias no son sólo causadas por los grupos armados, pues en algunos casos son por la respuesta de los Estados a esta violencia. “Durante las operaciones de seguridad pública, las personas que viven en las comunidades pueden quedar atrapadas en medio de enfrentamientos armados y resultar heridas o morir”, ejemplificó.
En este sentido, resaltó que quienes se encuentran en contextos de violencia criminal “viven con miedo y sufren el impacto sicológico”. La mayoría, agregó, también permanece en silencio sobre esta situación, ya que a menudo están en lugares “junto a miembros de estos grupos vinculados a delitos violentos y temen represalias por hablar”
Al respecto, Olivier Dubois, jefe de la Delegación Regional para México y América Central del CICR, se pronunció por luchar contra la normalización de la violencia criminal. Para ello, dijo, se requiere presupuesto, “unión y voluntad de muchas fuerzas políticas y sociales, coordinación entre autoridades que muchas veces no se hablan, apoyo de organismos nacionales e internacionales y lo más importante, incluir a las propias comunidades”.
Dicha situación, expuso, “nos permitiría identificarnos con el dolor de la víctima, combatir nuestra propia indiferencia que revictimiza a las personas y recuperar la empatía”.
