Vícam, Son. El acueducto Independencia opera de forma ilegal y provoca un daño irreversible a la etnia yaqui, aseguraron autoridades tradicionales con el respaldo de la organización Indigenus Peoples Rights International (IPRI) durante el Festival de la Existencia celebrado en el pueblo de Estación Vícam, al sur de Sonora. Además exigieron al gobierno federal que incluya su cancelación en el plan de justicia.
Con exposiciones, música, danza, pinturas, cine y charlas, la tribu yaqui expresó su repudio a la operación del acueducto Independencia, el cual se construyó sin informar, ni consultar a los indígenas, lo que ha provocado daños antropológicos que obstruyen su cultura, ritualidad y cosmovisión.
La escuela yaqui Sewa Tomteme fue la sede de la reunión, con invitados presenciales y otros conectados a través de plataformas digitales como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, el invitado especial.
Ahí, se exhortó al Gobierno Federal a respetar los decretos presidenciales establecidos en 1937 y 1940 y a cancelar la operación del acueducto Independencia para hacer justicia por los líderes indígenas asesinados en los últimos seis meses.
“Es indispensable que se respeten las disposiciones del decreto de 1940 para hacer entrega cabal del territorio yaqui, pero sobre todo para que pueda disponer de su agua, específicamente 50 por ciento de los volúmenes de agua que se almacena en la presa de Angostura. Creo indispensable, como lo manifesté hace algunos días, la cancelación del llamado acueducto Independencia que no solo en su construcción ha violado disposiciones legales, además se han permitido a la vista de las autoridades”, dijo Cárdenas Solorzano.
Mario Luna Romero, vocero de la tribu, señaló como imperdonable que ni el Instituto Nacional para los Pueblos indígenas (INPI), ni el Gobierno Federal incluyeran en el plan de justicia para esta tribu, la cancelación del acueducto Independencia, tras ser la lucha más costosa para los yaquis en los últimos años. Evidenció que los resolutivos y ordenamientos judiciales de la Suprema Corte de Justicia para la Nación y la Organización de las Naciones Unidas fueron ignorados.
“Al interior de la tribu yaqui las decisiones se toman en consenso, en la guardia tradicional donde todos participan, esta ausencia de toma de decisiones culturalmente adecuada es lo que ha evitado que este plan de justicia progrese y tenga mejores resultados, por eso ha tenido omisiones graves como la lucha por la defensa del Río Yaqui, dejándola fuera por intereses económicos y abusivos que no abonan a la unidad de la tribu yaqui”, expuso Mario Luna, quien fue preso político durante el sexenio de Guillermo Padrés por oponerse a la obra.
