l jueves pasado prescribió el Título 42 que el gobierno de Trump activó, estableciendo que las personas que ingresaran a Estados Unidos sin documentos migratorios en busca de asilo político podían entregarse a las autoridades migratorias o ser aprehendidas y ser deportadas a México o a sus países de origen, pero podían reingresar al país vecino del norte de inmediato sin ninguna penalización. Ahora se reactivó el Artículo 8, aunque con algunas modificaciones, lamentablemente más estrictas.

Algunas de éstas tienen que ver con la intención de la administración Biden de desanimar a quienes buscan asilo en su país. Por ejemplo, quienes sean capturados al cruzar la frontera sin documentos son deportados de inmediato sin mediar juicio alguno y quedan impedidos para pedir asilo o regresar a Estados Unidos en los siguientes cinco años. Otra modificación es que ahora el asilo se solicitará no desde la frontera con México –como se hizo hasta el jueves 11 de mayo–, sino desde un tercer país. Además, si otra nación concedió el asilo político ya no se podrá solicitarlo a Estados Unidos. Una excepción son las visas humanitarias para varios países, incluidos Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, cuyos ciudadanos pueden volar directamente a la nación norteamericana siempre y cuando tengan alguien que garantice su supervivencia. Complementan estas medidas la creación de centros de atención que el gobierno de Estados Unidos establecerá en Colombia y Guatemala y una App en la que se podrá agendar una entrevista. Por razones evidentes, la política de tercer país no aplica en el caso de 200 mil mexicanos que están en espera de recibir asilo. Independientemente de sus buenas intenciones, el cambio en las normas migratorias causó una gran confusión, en parte propiciada por la propia administración Biden y aprovechada por sus críticos para poner al presidente contra la pared.

El hecho es que la migración crece irremisiblemente y su regulación es potestad de las naciones, pero penalizarla es lo menos plausible sin atender sus raíces. La reforma migratoria en Estados Unidos no frenará los flujos procedente de otros países; para ello se requiere abatir la pobreza, el crimen y las guerras intestinas de las naciones expulsoras. Los países desarrollados han sido en parte responsables de estos problemas y, por lo tanto, también deberían ser parte de la solución. Castigar la migración sin buscar soluciones de fondo es inútil, inhumano e irresponsable.