San Diego. El Departamento de Salud y Servicios Humanos con frecuencia omitió realizar las comprobaciones de antecedentes exigidas a los trabajadores de los centros de detención de emergencia para niños migrantes no acompañados, quienes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos durante una de las oleadas en 2021, descubrió el organismo de supervisión interna.

El informe de la inspección general publicado ayer plantea interrogantes sobre cuán mejor preparadas estarán las autoridades para la próxima emergencia, en particular cuando se acerca la fecha en la que expirarán las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de coronavirus, y se prevé que lleguen más indocumentados.

La evaluación, basada en un muestreo, descubrió que no se indagaron los antecedentes de 200 trabajadores en busca de posible historial de maltrato o negligencia en el trato con niños, y sólo se revisaron los de 29, aunque 20 de ellos a destiempo.

Los investigadores descubrieron que 174 carecían de la comprobación de no arrestos o presentaciones mediante el registro de huellas dactilares en la Oficina Federa de Investigaciones y 55 sí, pero 25 de ellos no se hicieron de manera oportuna.

Los cotejos con el padrón de delincuentes sexuales del Departamento de Justicia, que se exigen con menos frecuencia, no se hicieron en la admisión de 42 empleados y sí a 36, aunque 11 no fueron de manera oportuna.

Las comprobaciones de historial penal basadas en registros públicos fueron frecuentes, pero a menos de la mitad de los contratados.

La revisión se centró en 10 de los 14 Centros de Admisión de Emergencia, incluidos los centros de convenciones de San Diego y Long Beach, California, el recinto ferial de un condado cercano a Los Ángeles y dos bases militares de Texas. Incluía un centro de apoyo gestionado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en Carrizo Springs, Texas, que tampoco realizaba a menudo los controles exigidos.

El departamento amplió la capacidad de acogida a 13 mil 500 camas en los primeros meses de 2021, pero no estaba preparado para el mayor arribo que se produjo poco después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, lo que obligó a las autoridades a pedir ayuda al ejército y a los gobiernos locales para abrir refugios de emergencia por hasta seis meses.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS debe subsanar las deficiencias que hemos detectado para garantizar que no se repitan problemas similares en futuros flujos de migrantes, concluye el informe. La supervisión efectiva de las operaciones de las instalaciones y la comunicación clara de los requisitos de verificación de antecedentes son fundamentales para garantizar la seguridad de los niños.

El HHS aceptó las siete recomendaciones del organismo de control. January Contreras, subsecretaria para niños y familias, dijo que el reporte abarca uno de los periodos más difíciles en la historia de atender a los menores de edad que migran solos, y señaló que el aumento se produjo en medio de la pandemia.

Según la ley federal, el HHS se hace cargo de la custodia de los niños sin compañía de un adulto que cruzan la frontera –generalmente en las 72 horas siguientes a su detención– y los instala con familiares u otros patrocinadores mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración.

El departamento recibió a más de 122 mil niños en el año fiscal 2021, comparados con 19 mil del año anterior, según Contreras.

La Patrulla Fronteriza mantuvo detenidos a algunos niños durante días, incluso semanas, en 2021, hasta que el HHS estuvo preparado para asumir la custodia.

La autoridad migratoria llegó a tener más de 4 mil detenidos, en su mayoría menores de edad no acompañados, en una instalación de Donna, Texas, diseñada para alojar a 250 individuos con las restricciones por el covid-19.