La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que integre una comisión especial que dé seguimiento exhaustivo a la muerte de 40 indocumentados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y exigió el deslinde de responsabilidades por la falta de cuidado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el resguardo de personas en sus estaciones.

En un acuerdo que se envió a la Jucopo, la comisión planteó que la intención es que el grupo de trabajo recabe la información precisa para esclarecer los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, e identificar las áreas de oportunidad en los protocolos de atención a migrantes y sus familias, a fin de tomar medidas para evitar que se repita una tragedia como esta.

El grupo de trabajo se integraría de entre los diputados que forman parte de las comisiones de Asuntos Migratorios, Derechos Humanos, Protección Civil y de Relaciones Exteriores, según el acuerdo suscrito por todas las bancadas y enviado al presidente de la Jucopo, Ignacio Mier (Morena).

La comisión también aprobó un pronunciamiento de condolencias y para lamentar la tragedia por la que fallecieron 40 personas migrantes y 27 más quedaron en estado grave, por el incendio en la estación migratoria que el INM opera cerca del puente internacional Stanton-Lerdo.

Planteó que, a fin de identificar las fallas en los protocolos de atención y se tomen medidas adecuadas para evitar que se repita una tragedia como esta, es necesaria la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INM y de las comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres.

Resaltó que, como país de origen, tránsito y destino de migraciones, México debe trabajar hacia un futuro más justo, seguro y digno para todas las personas migrantes y sus familias, con un enfoque de solidaridad y seguridad humana, en sintonía con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del que el Estado mexicano ha sido un importante promotor.

A su vez, la Comisión de Asuntos Migratorios concluyó ayer el proyecto de dictamen de reforma al artículo 111 de la Ley de Migración, para establecer como plazo máximo 36 horas para que el INM resuelva la situación de los extranjeros detenidos en sus estaciones.

Además, la comisión avaló la figura de asesores jurídicos especializados, como garantía para la adecuada protección de los derechos humanos de los migrantes, y se precisó que no genera impacto presupuestal.