Tepic, Nay., Un tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial de Nayarit sentenció ayer a 10 años y seis meses de prisión a Roy N, titular de la Auditoría Superior del Estado durante el gobierno que encabezó el priísta Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), y a quien fue su secretario particular, César N , le impuso una condena de 16 años de cárcel.

A ambos se les acusa de amenazas agravadas a Roy N, además de falsificación de documentos. Los dos tendrán que pagar 6 millones 974 mil 640 pesos por reparación de daños por amenazar y hostigar a un ciudadano nayarita hasta despojarlo de un predio de 3 mil 229 metros cuadrados el 11 de septiembre de 2012.

En un comunicado, la Fiscalía General de Nayarit (FGN) explicó que Roy N, con ayuda del entonces fiscal Édgar Veytia, y quien fue su secretario particular, César N, amenazaron y hostigaron al ciudadano.

La FGN informó que fueron sentenciados a seis años de prisión Carlos Felipe N y Maura N por falsificación de documentos, además de que deberán pagar sendas multas.

Al abogado litigante Heleodoro N se le sentenció a nueve años de prisión y a pagar una multa, así como la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado litigante por siete meses y 15 días por falsificación de documentos y otros delitos.

En 2018 el afectado denunció despojo y amenazas. Al enterarse de que estaban siendo investigados, César N y Roy N, asesorados por el abogado litigante Heleodoro N, falsificaron una revocación del poder que César Alberto había otorgado en 2012 a Roy N, en el cual asentaron que dicho poder fue revocado meses después, en 2013.

Personal ministerial comprobó que la cancelación del poder no había ocurrido, por lo que se simuló la creación de esa revocación y se generó dicho documento para hacer constar su existencia, y fue firmado por Roy N, César N y por dos ex empleados de la Contraloría General del estado, Maura N y Carlos Felipe N.

Durante la audiencia, la fiscalía estatal aportó las pruebas necesarias para generar la convicción en el tribunal de enjuiciamiento de que, en efecto, los hoy sentenciados son penalmente responsables de los delitos imputados.