Con un acuerdo reparatorio por más de 200 millones de pesos con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa, busca lograr su propia absolución y las de su madre, Gilda Austin; su hermana, Gilda Susana, y su esposa, Marielle Helen Eckes, según informes de la defensa.

El lunes, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, dijo que de firmarse el convenio, quedaría excluida la responsabilidad penal, es decir, suspender los procesos y de esa manera extinguir la acción penal en favor de Emilio, su mamá, su hermana y su esposa.

Queremos seguir cooperando con la FGR (Fiscalía General de la República). El propio Emilio ha dicho que va a cubrir el monto que fijó el Consejo de Administración de Pemex y la UIF. Todo está soportado en peritajes, así que independientemente del litigio y las exclusiones probatorias, vamos a pagar más de 200 millones de pesos que se han fijado, señaló el litigante al concluir la audiencia intermedia en el Reclusorio Norte.

En la audiencia, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López declaró abierto el juicio oral contra el ex funcionario federal.

Afuera del Centro de Justicia Penal Federal, Ontiveros informó que la apertura de dicho juicio podría retrasarse, porque la defensa promovió un amparo.

La FGR anunció que impugnará el fallo del juez, quien desechó 50 por ciento de las pruebas que el Ministerio Público Federal presentaría contra Lozoya. En contraste, admitió todas las pruebas de la defensa.

La defensa aseguró que “la demanda de amparo suspende la materialización del auto de apertura a juicio, de tal manera que se abre un tiempo prudente para que podamos materializar lo que hemos dicho desde hace más de dos años, que es el último paso del criterio de oportunidad y la reparación del daño en el contexto del caso Odebrecht y Agronitrogenados.

Con ello se extingue la responsabilidad penal en favor de Emilio, su mamá, Gilda Austin; su hermana, Gilda Susana, y esposa, Marielle Helene Eckes”, quienes están acusadas de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa logró el lunes que el juez Alarcón desestimara 24 datos de prueba que presentaría la FGR, aceptara 12 con limitantes y 12 de manera completa. Todos son fundamentos de la acusación contra Lozoya, ya que se trata de estados de cuenta, depósitos bancarios, testimonios, documentales y dictámenes periciales.

Para desechar dichas pruebas, el juez argumentó posibles violaciones al secreto bancario y a los derechos humanos y patrimoniales del ex funcionario, por haber obtenido la información sin el debido control judicial.

Cuando la mayor parte de las pruebas de la FGR fueron rechazadas, el Ministerio Público Federal intentó pedir más tiempo para reponer datos procedentes de Brasil, pero el juez de control le respondió que eso era imposible.