Como parte de programas de colaboración para investigar a cárteles de la droga, reforzar la seguridad fronteriza y detener la migración, Estados Unidos ha destinado al Plan Mérida y su sucesor, el Marco Bicentenario, 3 mil 621.8 millones de dólares desde 2008 hasta el año fiscal 2022, pero dichos recursos no han tenido un seguimiento con base en resultados, de acuerdo con un análisis del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense.

El monto invertido en quince años, del que se han asido algunos legisladores estadunidenses para argumentar intervenciones de su país en México y clasificar a los cárteles de la droga como oganizaciones terroristas extranjeras, se encuentra apenas por encima de los cerca de 3 mil millones de dólares que representó en 2022 el mercado de fentanilo en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de Coherent Market Insights sobre opiáceos terapéuticos (https://bit.ly/3ZIcnn8).

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estima que un kilogramo de fentanilo en polvo procedente de China puede costar alrededor de 3 mil 500 dólares, pero una vez que pasa por toda la cadena de suministro y se le transforma en píldora puede generar millones de dólares en ganancias. Desde 2019, México remplazó al país asiático como la principal fuente de esta sustancia en Estados Unidos.

Más allá del gasto dirigido hacia México, el que realiza el gobierno estadunidense en general para atacar el suministro de drogas ilícitas de todo tipo es 11.7 por ciento de los 150 mil millones de dólares a los que, se estima, equivale ese mercado sólo en Estados Unidos.

En el informe Cooperación en seguridad México-Estados Unidos: de la Iniciativa Mérida al Marco del Bicentenario, publicado por el Servicio de Investigación del Congreso, se reporta que en total la primera recibió 3 mil 500 millones de dólares. Y en 2022 a las tareas del Marco Bicentenario se destinaron 64 millones en fondos para el Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley y 57.8 millones en Fondos de Apoyo Económico.

Serán 141.6 mdd en 2023

A la par, se consideran 141.6 millones en asistencia bilateral para México por parte de la administración del presidente Joe Biden como parte del presupuesto para el año fiscal 2023. De ellos, 64 millones en fondos para el Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley y 75 millones en Fondos de Apoyo Económico.

El documento consigna que en su fase inicial, de 2008 a 2010, se asignaron mil 500 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, firmada por Felipe Calderón y ejecutada en parte por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, a la espera de la sentencia de un juicio en el que se le encontró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada.

En ese primer paquete se incluyeron 420.7 millones de dólares en financiamiento militar extranjero, a través del que se compró equipo, incluidos aviones y helicópteros, para apoyar a las fuerzas de seguridad federales de México (fuerzas militares) y policía. Sin embargo, para 2011, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ampliaron sus objetivos a cuatro pilares.

Primero, combatir a las organizaciones criminales organizadas trasnacionales; segundo, fortalecer las instituciones del sector de justicia penal mientras se protegen los derechos humanos; tercero, crear una frontera entre Estados Unidos y México del siglo XXI mientras se mejora la aplicación de la ley de inmigración en México; y cuarto, construir comunidades fuertes y resilientes a través de proyectos pilotos dirigidos a la prevención de la violencia y la reducción de la demanda de drogas.

La amplia cooperación de la iniciativa fue muy elogiada. Los críticos afirmaron, sin embargo, que las dos naciones adoptaron un número cada vez mayor de prioridades sin asignarles mayores fondos. Además, un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de mayo de 2020 identificó deficiencias en el monitoreo de los impactos de programas específicos, explica el documento del Congreso.

Con la llegada de Donald Trump a la administración estadunidense, el control de la migración irregular se convirtió en un objetivo central de Estados Unidos, y en menor medida, pero también prioritario, la reducción de la producción de drogas sintéticas, la mejora de la interdicción fronteriza y la seguridad portuaria, y la lucha contra el lavado de dinero.

Desde que asumió el cargo en 2018, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado la Iniciativa Mérida y ha reducido la cooperación federal en materia de seguridad con Estados Unidos, con la excepción de la aplicación de la ley migratoria, detalla. Mientras la estrategia de seguridad de México, publicada en febrero de 2019, se enfoca en abordar los factores socioeconómicos del crimen, detalla.

Como parte del Diálogo de Alto Nivel entre ambos países se cambió el nombre de la Iniciativa Mérida por el de Marco Bicentenario y sus objetivos se ajustaron a invertir en soluciones de salud pública para el consumo de drogas, apoyo a comunidades seguras y reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto; prevenir la delincuencia transfronteriza reduciendo el tráfico de armas, centrándose en las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo la trata y el contrabando de personas, así como perseguir las redes delictivas interrumpiendo a los financistas ilícitos en ambos países e importadores de precursores químicos y productores de drogas sintéticas en México, al mismo tiempo que se fortalecen la seguridad y la justicia.