Brasilia. La Policía Federal de Brasil ejecutó ayer docenas de órdenes de cateo emitidas contra partidarios del presidente Jair Bolsonaro por haber bloqueado carreteras después de su derrota electoral, informaron las autoridades. El operativo fue ordenado por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien también preside la autoridad electoral de la nación. Él es responsable de dos pesquisas a seguidores de Bolsonaro por supuestos actos antidemocráticos y la propagación de noticias falsas en redes sociales. Periódicos locales reportaron que se incautaron al menos 15 armas de fuego, incluyendo fusiles y un subfusil, así como municiones. Varios analistas han manifestado su preocupación de que Bolsonaro esté sentando las bases para una insurrección similar a los disturbios registrados en el Capitolio de Estados Unidos en 2021. Por más de tres semanas después de los comicios del 30 de octubre, algunos de los votantes de Bolsonaro se negaron a aceptar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva bloquearon unas mil rutas vehiculares hasta que las fuerzas del orden empezaron a desalojarlos, pero procedieron a exigir un golpe de Estado frente a cuarteles policiales.

Bruselas. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) dieron ayer un ultimátum a los ministros de Energía para que este lunes cierren un acuerdo para fijar un tope al precio de las importaciones de gas en momentos de crisis, un mecanismo temporal de cuyo acuerdo depende que se desbloquee la iniciativa para las compras conjuntas de gas desde el bloque.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó ayer al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a todos los detenidos por razones políticas, y a comenzar un diálogo nacional inclusivo ante la grave crisis política que afecta al país desde 2018. En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, convocada para analizar la situación de Nicaragua, Türk actualizó un informe emitido en septiembre pasado. Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente, expresó el alto comisionado. Pidió que se respeten las libertades de expresión y de asociación, así como entablar un diálogo nacional inclusivo, anclado en los derechos humanos. Solicitó se permita el ingreso de su equipo al país. Ortega ha negado reiteradamente el acceso de organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua desde finales de 2018. El gobierno nicaragüense rechazó el informe de Türk con un mensaje de la procuradora de Derechos Humanos, Wendy Morales, que calificó como infame al Consejo y lo acusó de ser instrumento de agresiones contra la administración sandinista. En días recientes fueron acusados de supuesta conspiración y otros delitos el sociólogo Óscar René Vargas y el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien el gobierno impuso casa por cárcel.