En las investigaciones sobre personas desaparecidas es una práctica recurrente que los agentes del Ministerio Público nieguen a los familiares de las víctimas copias de las constancias incluidas en sus averiguaciones previas o expedientes, lo que violenta su derecho a la justicia, ya que no pueden saber qué diligencias se han llevado a cabo, denunció la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Indicó que dado que es un derecho conocer esta información, se puede tramitar un amparo. Para ello, junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron una guía práctica para interponer el recurso, la cual puede ser consultada en la página de Internet de la organización.

El argumento para no otorgar las copias es la reserva y la confidencialidad de la información que está en la carpeta de investigación; sin embargo, los familiares tienen derecho a saber qué es lo que está en el expediente y la regla general es que se le entregue, sostuvo Juan Carlos Gutiérrez, director general de Idheas.

Diligencias reservadas por delincuencia organizada

En muchos casos, agregó, se fundamenta que no se otorgue la información, como en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, pero ello no impide que no se presente una parte de ésta y se haga saber que hay diligencias reservadas.

Señaló que la gran mayoría de las familias de desaparecidos no pueden tener acceso a estas copias y por ende no conocen qué está pasando, por lo que hay incertidumbre no sólo por la desaparición, sino también porque no saben qué está haciendo el Ministerio Público. Hay ausencia de transparencia, omisión y negligencia.

Idheas refirió que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los familiares de víctimas tienen derecho a que el Ministerio Público les entregue en su totalidad las copias simples y gratuitas y de tener acceso directo o por medio de sus representantes legales a los expedientes y archivos que se hayan abierto con motivo de la búsqueda o la indagatoria.