El mercado ilegal de gasolinas y diésel, que es suministrado en una red paralela, sigue afectando tanto a empresas como a consumidores, señaló la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Después de que Luis Guillermo Pineda Bernal, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) indicó en días recientes que los puntos de autoconsumo de combustibles son una competencia desleal para las estaciones de servicio, la agrupación de empresarios gasolineros más importante del país externó su apoyo al gobierno federal en el combate al huachicol.

En un breve comunicado el organismo dirigido por Jorge Mijares Casas comentó que el mercado ilegal de hidrocarburos líquidos está sostenido en redes paralelas de abasto que generan una competencia desleal a las empresas.

Agregó que estas prácticas ilegales “afectan a los consumidores por la dudosa calidad y origen de sus productos y también por las condiciones informales y de inseguridad en las que operan.

Onexpo Nacional no defiende ni defenderá a quienes realizan actividades ilegales o contrarias a las mejores prácticas de comercio en el mercado de combustibles, destacó.

De acuerdo con Pineda Bernal es necesario que se ponga orden en los puntos donde se da el autoconsumo, pues al no existir un orden, llega el combustible robado o mejor conocido como huachicol.

Información oficial indica que algunas terminales de autobuses de pasajeros o de transporte tienen puntos de carga de combustible, las cuales sirven para introducir en muchos casos gasolinas robadas en ductos de Pemex.

Datos de la petrolera estatal muestran que el robo de combustibles ha disminuido hasta septiembre de este año en 89.9 por ciento, luego de que en 2018 el promedio de robo diario era de 56 mil barriles diarios.

Con la reducción del robo de combustibles, la petrolera ha obtenido 117 mil 207 millones de pesos en ahorros en los casi 4 años que han transcurrido de la actual administración.

El funcionario comentó que las unidades de transporte no son las únicas que se abastecen de combustibles en esos lugares, pues también lo venden de forma irregular y sin que se cumplan con las normas que establece la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la CRE.