Lima. Al grito de Cierren el Congreso, miles de manifestantes intentaron llegar ayer al recinto parlamentario, controlado por la oposición, para respaldar al presidente, Pedro Castillo, pero fueron replegados por la policía antimotines, horas después de que el Poder Judicial admitió una acción de amparo presentada por el mandatario contra el Legislativo, por lo que quedaron en suspenso algunas acusaciones constitucionales que pesan sobre el gobernante.

Los manifestantes llegaron de varias regiones de Perú, portando banderas y carteles con la fotografía de Castillo para recorrer las calles del centro histórico de la capital, desde la Plaza San Martín con intención de llegar la Congreso para rechazar los intentos de destituir al presidente, en una marcha llamada La Toma de Lima.

A una cuadra del recinto parlamentario, decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran, lo que desató enfrentamientos. El Congreso suspendió su sesión plenaria ante posibles actos de violencia.

Similares movilizaciones convocadas por grupos políticos y asociaciones civiles se realizaron en las ciudades de Cusco, Arequipa, Huancayo y Chimbote.

Al cierre de esta edición no había reportes de detenidos o heridos por los choques en Lima, ni se habían reportado incidentes en las otras ciudades donde hubo más protestas.

El sábado pasado, unos 5 mil manifestantes marcharon por las calles de Lima al Congreso para reclamar la renuncia del presidente.

Horas antes de la llamada Toma de Lima, la primera sala constitucional de la Corte Suprema dispuso admitir a trámite la acción de amparo presentada por Castillo contra el Congreso, con el fin de detener los procesos que el Legislativo viene llevando a cabo en relación con los presuntos actos de corrupción en los que está involucrado el mandatario, entre otros.

Con esta medida queda suspendida la acusación constitucional contra el jefe de Estado presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, ante el Congreso y en la cual lo imputa de ser el presunto líder de una mafia en el gobierno dedicada a diversos actos de corrupción.

Asimismo, se suspende la acusación promovida dentro del parlamento contra el mandatario por el presunto delito de traición a la patria.

Esta se basa en declaraciones que hizo Castillo en enero a la cadena CNN en Español, en las que afirma que daría una salida al mar a Bolivia, lo que constituiría traición a la patria.

Las acusaciones, de prosperar en el Congreso, podrían derivar en la suspensión del presidente para ejercer el cargo.

El Poder Judicial fijó para el 6 de marzo la audiencia para evaluar la acción de amparo.