Las alcaldías acumularon 183 recomendaciones de un total de 461 que fueron emitidas a diversas dependencias y órganos autónomos por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), lo que representa 40 por ciento, y que fueron incluidas en el segundo informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2021 que entregó al Congreso de la Ciudad de México.

En 19 casos las irregularidades que mencionó podrían representar alguna responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria sobre los casos detectados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Tláhuac.

La mayor parte de las recomendaciones a los órganos político-administrativos se generaron por incumplimientos en las disposiciones legales, falta de control interno y deficiencias en la documentación y comprobación de los presupuestos comprometidos, así como los devengados.

En el caso de la Cuauhtémoc, se documentó que en algunos registros no se comprobó que se hayan realizado los servicios contratados, no aplicó penas convencionales por retraso en la entrega de materiales, realizó contratos de adjudicación directa sin la intervención de la Contraloría Interna y tuvo un subejercicio de 5 millones 300 mil pesos en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Sobre la Benito Juárez, el órgano auditor auxiliar del Congreso capitalino alertó que la demarcación carece de controles que permitan proporcionar una seguridad razonable en sus operaciones, como la evaluación de ajustes internos, riesgos de corrupción, cumplimiento de obligaciones de transparencia, cumplimiento de metas y desempeño de personal.

En algunos convenios no proporcionó los contratos de entrega de bienes adquiridos, por lo que no se pudo determinar que se surtieron a tiempo, tampoco publicó las reglas de operación de programas sociales, padrones de beneficiarios ni verificó que personas que reciben recursos de su programa Seguro de Desempleo cubrieran los requisitos para recibir el dinero.

En Coyoacán no se sometieron a aprobación del Comité de Planeación para el Desarrollo las reglas de operación de programas de apoyo ni los publicó en la Gaceta Oficial, no garantizó el resguardo de expedientes de beneficiarios ni la incorporación de todos los papeles llenados y tampoco comprobó la entrega de la totalidad de recursos.

Para este segundo informe de resultados, la ASCM realizó un total de 82 auditorías a órganos desconcentrados y autónomos, alcaldías, dependencias de gobierno y entidades, que arrojaron 461 recomendaciones y de las que en 26 casos se determinaron potenciales promociones de acciones, de las que –además de las 19 que corresponden a las alcaldías– en las siete restantes se detectaron en la Comisión de Búsqueda de Personas, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, el Fideicomiso del Museo de Arte Popular y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.