Chihuahua, Chih., El gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván, pretende disminuir los índices delictivos en Ciudad Juárez y recuperar municipios de la Sierra Tarahumara, actualmente bajo control del crimen organizado, con el proyecto Centinela, que incluirá una torre de 20 pisos y una plataforma de videovigilancia que costará unos 4 mil 200 millones de pesos; proyecta instalar cámaras de seguridad para unificar el trabajo de las policías estatal y municipales con el mando coordinado de la Guardia Nacional.

En entrevista, Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que 53 por ciento de los delitos denunciados en la entidad se concentran en Juárez (limítrofe con El Paso, Texas), y la mayor incidencia de crímenes ocurre en la colonia Centro de esa localidad, donde se ubicará el inmueble citado.

Delitos como el homicidio se cometen principalmente en el suroriente de la demarcación, donde en agosto pasado se perpetraron 121, y 83 en el resto del estado. Además, se incrementaron los casos de amenazas y extorsión telefónica contra negocios, según la Fiscalía General del Estado Zona Norte.

Para reducir los índices criminales, la SSPE plantea un proyecto de unificación y especialización de las policías municipales y de la policía del estado, un plan de defensa estatal que prevé la intervención policiaca en proximidad, uso de la fuerza y recuperación de territorios bajo control del hampa, todo coordinado desde la torre Centinela, por medio de una plataforma de videovigilancia que incluirá 7 mil 656 cámaras instaladas en territorio chihuahuense.

La estrategia de seguridad implicará capacitar y reorganizar a mil 400 agentes estatales y agrupará las corporaciones de los 67 municipios en 13 subcentros regionales de mando. La meta es que todos los municipios tengan capacidad de reacción y que realicen trabajo de proximidad, afirmó Loya Chávez.

El secretario Seguridad Pública consideró que la anterior administración estatal, a cargo del panista Javier Corral Jurado, debilitó a la SSPE. Cuando llegamos (en septiembre de 2021) había gran cantidad de grupos que trabajaban por su cuenta, atomizando la policía del estado, y esto debilitaba el estado de fuerza, expuso.

Lo primero que hicimos fue unificar la policía y formamos tres grupos especializados: uno para temas viales, un grupo SWAT (Armas y Tácticas Especiales, por sus siglas en inglés), que recibió capacitación de la Marina Armada de México, y un grupo de detectives con entrenamiento de las fiscalías General del Estado, General de la República y del Instituto de Justicia de Columbia Británica, Canadá.

Agregó que para la operación de la torre y la plataforma Centinela, la SSPE recibió asesoría de la Policía Nacional de Colombia, como parte de un acuerdo un acuerdo que tenemos con la embajada de Estados Unidos; la formación del personal fue para estudiar estructuras criminales que tienen alcance global, detalló Gilberto Loya.

En cuanto a la penetración y control del crimen organizado en municipios serranos, la SSPE prepara el Plan de Defensa Estatal 3, vinculado a la torre Centinela y enfocado en recuperar zonas donde se han documentado desplazamiento forzado y delitos de alto impacto, como ocurre en Cerocahui, en el municipio de Urique, donde se dio muerte en junio pasado a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

Explicó que la torre y la plataforma Centinela tienen como finalidad que la información de cada región se analice en Ciudad Juárez, desde un punto de vista de inteligencia, en una torre que vea las cosas de forma más global, no sólo con un centro de mando regional, que sólo ve unos municipios, sino que se pueda ver cómo interactúan las regiones, y tener capacidad de operar con agencias a escala nacional, es decir, con los estados vecinos y con Estados Unidos.

La edificación de la torre se inició el 10 de agosto anterior. Se prevé que incluya oficinas de la SSPE y el centro de comando C6 para controlar mil 65 cámaras multidireccionales, 4 mil 800 cámaras fijas, mil 791 cámaras lectoras de placas vehiculares, 113 arcos de identificación y filtros biométricos, 74 drones, 40 remolques de videovigilancia móvil, 16 sistemas AFIS (identificación automática de huellas dactilares, por sus siglas en inglés) y de barandilla y mil 920 tabletas electrónicas que serán entregadas a policías.

El centro de mando tendrá 807 computadoras y estaciones de trabajo, 36 videomuros, 107 mesas inteligentes, y un sistema de software propio para supervisar las operaciones de los subcentros instalados en municipios serranos como Guachochi, Bocoyna y Madera.

René Moreno Medina, presidente ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, ha cuestionado que el proyecto Centinela implique un megacontrato por adjudicación directa. La administración de Campos Galván usa la excusa de la seguridad pública para dejar a los ciudadanos sin la posibilidad de hacer contraloría social.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública acotó que jamás se ha ocultado la adjudicación directa a favor de la empresa Seguritech, que instalará y operará la plataforma Centinela. El costo es público, nunca hemos tenido la intención de ocultarlo; la empresa que lo va hacer es de origen nacional y ya se le ha investigado.

Recalcó que Seguritech cumple con los términos legales, y “no tiene alguna suspensión por parte de órganos internos de control, secretarías de Función Pública, auditorías superiores estatales o de la Federación. No hay nada, es decir, legalmente no encontramos problema.

Hicimos el análisis de costo, incluso buscamos a otras empresas que tuvieran capacidad y experiencia de haber hecho algo similar y (Seguritech) es la que mayor capacidad y experiencia técnica tiene, concluyó.