La adquisición de un departamento irregular no sólo trae problemas sobre la propiedad del inmueble, sino también ha orillado a los dueños a vivir en la ilegalidad, desde colgar un diablito para contar con luz hasta no pagar impuestos, como el predial.

Guillermo Meixueiro, ex integrante del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda creado en la administración de Miguel Ángel Mancera, se ha dedicado a visibilizar los problemas que viven las personas que adquieren una vivienda irregular, a los que él llama edificios fantasmas.

Tan sólo en la alcaldía Benito Juárez se han identificado tres inmuebles donde habitan casi 200 familias, las que, dijo, deben considerarse víctimas del llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción entre empresas y funcionarios de filiación panista.

El miedo de perder su patrimonio las ha obligado a vivir en la ilegalidad, abandono e incertidumbre jurídica, ya que no pueden realizar contratos de luz, de agua –por lo que se abastecen con pipas–, no pagan predial, no pueden registrarse ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) y tampoco pueden vender ni rentar.

Uno de los edificios afectados es el número 308 de la calle José María Rico, en la colonia Acacias, cuyos vecinos contactaron al ex jefe delegacional Christian von Roehrich.

Tuvieron una reunión en ese predio con él y con otras autoridades de la alcaldía. Les dijeron que les iban a dar todas las facilidades, pero una sola vez les mandaron una pipa de agua gratis, y posteriormente ya no se volvieron a parar, dijo Meixueiro, quien reveló que el predio está registrado como lote de autos y casa particular unifamiliar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

“Cuando se dieron cuenta, los condóminos metieron a la cárcel al representante jurídico, que dio la cara por la constructora, pero la persona ya salió y la gente sigue teniendo el problema.

Estas personas tienen miedo de hablar, y con toda la razón, porque temen que el gobierno les derribe los pisos ilegales, que pierdan su patrimonio. Muchos están esperando a que el delito de fraude prescriba para acercarse a las autoridades y ver cómo pueden legalizar sus viviendas. Lo que deben de comprender es que ellos son víctimas, la culpa la tuvieron las empresas y la alcaldía Benito Juárez por haber emitido la terminación de obra.

Guillermo Meixueiro pidió a las autoridades voltear a ver a la gente afectada, a tratarlas como víctimas y ayudarlas para que puedan regularizar su situación patrimonial; dijo que se requiere el apoyo del gobierno, de la Seduvi, del Colegio de Notarios y voluntad política.

El viernes pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se analiza regularizar edificios con anomalías en Benito Juárez.