La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó ayer cinco resoluciones, emitidas originalmente por sus pares de la Sala Especializada, respecto a infracciones cometidas por servidores públicos durante el proceso de revocación de mandato; dos de los veredictos fueron directamente en contra de Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno capitalino.

Dentro del mismo tema vinculado a la consulta de revocación de mandato realizada el 10 de abril pasado, los magistrados devolvieron un expediente a la Sala Especializada para que analice de nueva cuenta y de manera exhaustiva si durante la celebración de reuniones convocadas por Morena hubo uso indebido de recursos públicos, en el transporte de funcionarios en un avión de la Guardia Nacional a sitios en los que se realizaron mítines partidistas (Torreón, Coahuila, y Hermosillo, Sonora).

Apenas concluyó la sesión pública de la Sala Superior del TEPJF circuló un proyecto de resolución elaborado por la magistrada Mónica Soto que en la eventualidad de aprobarse en el pleno del TEPJF revocaría la prohibición de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral hacia Morena.

En tal supuesto, los morenistas podrían seguir haciendo asambleas informativas como las realizadas el mes pasado en Toluca y Coahuila, en las que participaron, entre otros, funcionarios señalados como aspirantes a la Presidencia de la República.

El proyecto es en respuesta al recurso promovido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y otros servidores públicos y el propio partido Morena, que acusaron afectación a sus derechos de reunión y de expresión.

La magistrada ponente da la razón a los morenistas al señalar que los consejeros electorales dictaron medidas no adecuadas al dar por buenos los argumentos del PRD en el sentido que tales asambleas son actos anticipados de campaña.

Si el proyecto fuera aprobado, se ordenaría al INE emitir un comunicado en el que se corrija la percepción que se generó sobre la transgresión a la normativa electoral al informar mediante el boletín 317 sobre la emisión de medidas en tutela preventiva a Morena y diversas personas servidoras públicas.

Por lo pronto, en la sesión de ayer, la Sala Superior determinó en cuatro asuntos que la razón de las infracciones fue por la difusión de propaganda durante el proceso de revocación de mandato.

En el otro fue por promoción negativa en el mismo contexto, cuyo responsable fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Luego del reiterado señalamiento a la responsabilidad de la jefa de Gobierno capitalino, los magistrados comentaron que su inclusión en el catálogo de sujetos sancionados del TEPJF no es una penalización, sino sólo un registro.

Sin embargo, en otro expediente, los magistrados devolvieron un caso al INE para que analice (también al dar la razón a otra queja del PRD) una reunión realizada supuestamente en el palacio de gobierno de la Ciudad de México, de Sheinbaum con los aspirantes morenistas al gobierno del estado de México, y que se tome en cuenta que la funcionaria capitalina es –según la queja– aspirante presidencial.