Por segunda ocasión, el Poder Legislativo impugna el alcance de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pese a que los artículos 60 y 99 de la Constitución establecen que sus sentencias son definitivas e inatacables.

Ahora, para operar políticamente con mayor margen de maniobra en la Comisión Permanente del Congreso, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se han resistido a dar un espacio a Movimiento Ciudadano (MC), como se los ordenó desde el 7 de junio este Tribunal con el fin de garantizar la participación equitativa de todas las fuerzas políticas, pues eso implicaría aumentar el número de votos de la oposición.

El Tribunal ha emitido otras sentencias que tampoco han sido plenamente obedecidas, en particular por instancias ministeriales, para que se le entregue información al Instituto Nacional Electoral (INE) y el órgano pueda investigar a fondo presuntos delitos electorales.

Si bien las resoluciones de las salas regionales del TEPJF pueden ser impugnadas, los fallos de la Sala Superior serán definitivos e inatacables, dice el artículo 60, mientras el 99 se refiere a los alcances.

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución (contradicciones entre una norma de carácter general y esta Constitución), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el primer movimiento para evadir un resolutivo de los magistrados electorales ocurrió en marzo pasado cuando el bloque mayoritario, con el apoyo del PRI, aprobó una reforma a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para evitar la intervención del TEPJF en la vida interna del Congreso de la Unión, argumento que se reitera en el actual caso de la integración de la Permanente.

No obstante, la Sala Superior del Tribunal confirmó sus indicaciones a través de una sentencia, emitida el pasado 7 de junio, frente al desacato de la Junta de Coordinación Política, y advirtió que si de inmediato no cumplía la orden, serían los propios magistrados quienes dirían qué diputado sacar, a fin de incorporar a uno de MC.

Advirtió además que aplicaría a los responsables sanciones económicas e incluso penales.

La permanente está integrada por 37 legisladores; 19 son diputados y 18 senadores, de los cuales el bloque mayoritario tiene 23. Con ese número tiene mayoría simple y sólo le faltarían dos para alcanzar la calificada.

Frente a la diferencia de opiniones de sus integrantes, la Jucopo solicitó al Tribunal una prórroga, la cual sería concedida, según se lee en el proyecto de resolución, con plazo máximo al próximo miércoles 6 de julio.

En tanto, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez, interpuso por su lado una controversia constitucional ante la Suprema Corte, al considerar que el Tribunal no tiene las atribuciones de intervenir en la vida interna del Congreso.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la Corte ni siquiera debería dar entrada a la controversia, precisamente por lo establecido en la Carta Magna.