El Instituto Belisario Domínguez del Senado informó que desde hace nueve años el Congreso de la Unión se encuentra en mora legislativa para expedir la Ley General de Aguas, y advierte que resulta incierto anticipar si se logrará consensuar y expedir este ordenamiento en la presente Legislatura.

Refiere que el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo cuarto constitucional, párrafo sexto, en la que se incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano.

En el tercero transitorio de dicho decreto se fijó un plazo de 360 días para expedir la ley reglamentaria correspondiente, a saber, la Ley General de Aguas.

En el estudio titulado Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República (LXV Legislatura), elaborado por el investigador Itzkuauhtli Benedicto Zamora Sáenz, destaca que se han presentado ocho iniciativas de reformas a la legislación vigente.

Se detalla que la mayoría de las propuestas que se han puesto sobre la mesa sugieren modificar la ley vigente y sólo una plantea la expedición de un nuevo ordenamiento de carácter general, como lo dispone el artículo 4 constitucional.

En la investigación, Zamora Sáenz indica que los temas que más interés han generado en el Senado se relacionan con el uso doméstico y agrícola del agua, con aspectos institucionales en la gestión y con la calidad del líquido.

Por otro lado, se encuentra la discusión legislativa sobre la pertinencia de crear una Secretaría del Agua, lo que podría formar parte de la deliberación en torno a la ley general que no ha logrado aprobarse.

Según el documento, otro aspecto importante para tomar en cuenta es que el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que prevé compromisos en materia de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, lo cual podría ser un referente para la actualización de la legislación nacional en materia hídrica.

Precisa el investigador que de las ocho iniciativas que proponen modificar o abrogar la Ley de Aguas Nacionales, sólo la de la senadora Gloria Sánchez Hernández, de Morena, promueve su abrogación para expedir una legislación general, la cual recupera sustancialmente la iniciativa ciudadana en la materia que se ingresó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2020.

Otras propuestas incluyen alguna modificación a la Ley de Aguas Nacionales y también de temas relacionados con el uso agrícola (tecnificación del sistema de riego), doméstico (prohibir el recorte del suministro por falta de pago y facultar a la Comisión Nacional del Agua para que invierta en redes de distribución), calidad (instalar tecnología para depurarla de arsénico y fluoruro), así como aspectos institucionales en la gestión (crear la Secretaría del Agua y que la Conagua supervise que las obras de infraestructura hidráulica se fundamenten en la disponibilidad efectiva).