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Uso de fondos de procedencia ilícita

Juzgado federal devuelve a Nuevo León el expediente de Jaime Rodríguez Calderón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 19 de abril de 2022, p. 26

Monterrey, NL., El juez federal Pedro Álvarez del Castillo acordó regresar a su homólogo estatal el caso del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, vinculado a proceso por uso de recursos de procedencia ilícita, en el cual habría incurrido durante la campaña presidencial de 2018.

Al cierre de esta edición continuaba la audiencia en torno a las imputaciones hechas al ex Ejecutivo estatal, con los alegatos de los abogados de Rodríguez Calderón. Fuentes del Poder Judicial nuevoleonés aseguraron que el juzgador federal adujo que al haberse emitido contra El Bronco una orden de aprehensión estatal, el asunto debe seguir su curso en ese ámbito.

Como resultado de esta resolución, la vinculación a proceso por el delito mencionado y la correspondiente prisión preventiva a Jaime Rodríguez se mantendrán hasta que se resuelva el caso, lo que podría demorar varios meses.

El pasado 16 de marzo, el juez de control estatal Carlos Alberto Salas González decretó vincular a proceso a Rodríguez Calderón por un desvío de recursos que habría perpetrado cuando recabó firmas para sustentar su candidatura independiente a la Presidencia de la República, hace casi cuatro años.

Ese mismo día, el togado se declaró incompetente para seguir con el caso, argumentando que el ilícito que se le atribuía se habría cometido durante una campaña electoral federal, pero el asunto se le fue devuelto ayer. El juez federal declaró competencia concurrente para regresar el asunto al Poder Judicial del estado.

El ex gobernador se encuentra recluido desde el 15 de marzo en el penal de Apodaca, que el mismo Rodríguez inauguró durante su gestión, en octubre de 2020.

El Bronco también fue vinculado a proceso el pasado 11 de abril por abuso de autoridad, resultado de que requisó el sistema de transporte público Ecovía en 2016.

El juez de control Eduardo Hoyuelas Orozo argumentó durante la audiencia que la requisa es un acto de arbitrariedad jurídica, y al aplicarla la administración estatal atentó contra los derechos de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, concesionaria de Ecovía.