El Senado discutirá este martes dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, uno para solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM) que remita un informe detallado con los fundamentos y motivos por los que decidió que las empresas de transporte público de pasajeros no vendieran boletos a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria en el país, porque esto es violatorio de los derechos humanos y discriminatorio.

En ese documento se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que investigue, en el ámbito de sus facultades, esa situación y determine si existen violaciones a las garantías individuales.

Asimismo, en otro dictamen que se pondrá a votación ante el pleno, el Senado solicita a la Secretaría de Gobernación que, a través del INM, envíe un informe detallado sobre los más de cien amparos interpuestos por migrantes con el objetivo de continuar su tránsito por el país.

Acerca del primer tema, esta comisión indica que en varios estados no se venden boletos a quienes quieren viajar a la frontera norte si no acreditan su estancia regular.

El dictamen señala que en septiembre de 2021, autoridades de la central camionera de Torreón dieron a conocer que por día se presentan entre 10 y 20 personas de nacionalidad haitiana que buscan comprar algún boleto para viajar a las ciudades fronterizas; sin embargo, por instrucciones del INM, las empresas no pueden vender boletos para que viajen a ciudades como Acuña o Tijuana.

También, empresas de transporte de pasajeros de Tamaulipas, Veracruz, estado de México, Durango y Chiapas están negando la venta de boletos a personas de origen haitiano y a cualquier otra persona extranjera que no acredite su estancia legal. Esa medida detonó en una reunión entre el INM y los gobiernos de esas entidades.

En Chiapas, se detalla que la Secretaría de Movilidad local advirtió a los concesionarios que serán acreedores a una multa o cárcel si trasladan a migrantes en sus unidades, bajo el argumento de que incurrirían en el delito de tráfico de personas. Las sanciones van de 5 mil a 15 mil veces el valor de la unidad de medida de actualización y de seis a 15 años de cárcel, además de la pérdida de la concesión.

En el caso de los amparos, la comisión refiere que de enero de 2020 al 29 de octubre de 2021, los jueces y tribunales federales han emitido más de cien recursos que han tramitado extranjeros que reclaman detenciones, condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de reconocimiento como refugiados.

Por otra parte, en un comunicado, el INM hizo ayer un llamado a los migrantes a no autolesionarse ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros, quienes dicen defender sus derechos humanos, pero los motivan a cometer acciones que dañan su integridad física y sicológica.

Lamentó que miembros de la caravana que salió de Tapachula, Chiapas, se estén causando lesiones al suturarse los labios o al recurrir a huelga de hambre.