Es extraordinariamente grave que se espíe y se grabe al fiscal general de la República, pero, agregó el ministro Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no podemos ser rehenes de disputas políticas y resolveremos todos los casos con apego a la ley.

En conferencia de prensa, dijo que no importa que aparezcan más filtraciones o grabaciones, porque los integrantes del máximo tribunal sólo atienden a la aplicación de la justicia, y anunció que el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, integrantes de la familia política de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se resolverá el 28 de marzo y se difundirá públicamente el proyecto que se discutirá en el pleno del máximo tribunal del país.

Quienes están recurriendo a esta estrategia se están equivocando y están haciendo daño al Estado mexicano, si piensan que con filtraciones, con grabaciones, que con espionaje van a lograr que las instituciones del Estado mexicano dejemos de hacer lo que tenemos que hacer o hagamos algo que no debemos hacer, están muy equivocados. En el Poder Judicial y en la Corte haremos lo que nos toca hacer, y si hay grabaciones y si hay filtraciones, y si hay lo que haiga, lo que haiga (sic), haremos lo que tenemos que hacer, señalando el equívoco como una frase graciosa.

Anunció para evitar especulaciones, que en cuanto el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tenga listo el proyecto del caso Gertz, el 22 de marzo, el texto se hará público.

Reveló que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó destituir a un juez acusado de acoso sexual, contra quien se presentaron 13 denuncias de mujeres que trabajaban con él y contra quienes cometió actos cercanos a la violación.

Con este caso, ya suman 19 los jueces y magistrados sancionados por razones similares. Afirmó que se seguirá combatiendo cualquier situación lamentable y oprobiosa que se cometa contra las integrantes del Poder Judicial federal.

Informó que, a raíz de la carta que Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, entregó en la SCJN, denunciando supuestas irregularidades en sus procesos legales y violaciones a sus derechos humanos de 663 presas del penal de Santa Martha Acatitla, ha solicitado al gobierno de la Ciudad de México que le permita hacer una visita a esa cárcel y pudiera gestionar que el Instituto Federal de Defensoría Pública les brinde asesoría jurídica.