Mexicali, BC., La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, del partido Morena, informó que su administración investiga a ex servidores públicos que otorgaron un contrato a la empresa Next Energy para construir y operar una planta de generación de energía fotovoltaica en Mexicali –la cual no se erigirá, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) federal negó a la firma una concesión para operar–, dado que los ex funcionarios implicados asumieron facultades que competen a la Federación.

Vamos a marcar la ruta para rescindir el contrato, pues los permisos no son asunto municipal ni estatal. Se van a presentar recursos jurídicos y legales para que no se afecte el patrimonio Baja California, dijo la gobernadora.

En conferencia de prensa ofrecida este miércoles en Tijuana, la titular del Ejecutivo estatal fue interrogada sobre las instalaciones y el rechazo de la CRE al proyecto. Ávila pidió a su secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, que explicara los avances sobre el asunto.

Cobrarán sin trabajar

El funcionario indicó que se integró un equipo de especialistas en asuntos jurídicos y financieros para revisar el acuerdo, aunque reconoció que la cancelación por parte del gobierno estatal resultará en grandes beneficios para la empresa.

Asimismo, expuso que siguen las pesquisas sobre las irregularidades en el proyecto, el cual consideró lesivo para las finanzas públicas debido a que el contrato, firmado en 2020 por el entonces gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, anticipa un pago de 5 mil millones de pesos a Next Energy si no se concreta la construcción y operación de la planta, en la que se pretendía invertir 14 mil millones de pesos.

El proyecto carece de permisos de la CRE, así como de las secretarías de Energía y del Medio Ambiente federales. En mayo de 2021, Bonilla Valdez colocó la primera piedra de la obra, con la cual funcionaría el acueducto Río Colorado-Tijuana, que suministra agua a ciudades costeras de Baja California.

Sin embargo, no se hizo labor alguna en las instalaciones, y el consejo consultivo de la CRE determinó el pasado 25 de febrero que el convenio era improcedente.

Además, la Ley de la Industria Eléctrica señala que de no existir un permisionario que provea de energía a una zona geográfica, la Comisión Federal de Electricidad debe ofrecer el servicio.