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Crean Movimiento por la Justicia en Veracruz; exige derogar delito de ultrajes a la autoridad
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 6 de febrero de 2022, p. 21

Xalapa, Ver., Los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), además de barras de abogados, grupos de académicos y otras organizaciones civiles, crearon el Movimiento por la Justicia con el propósito de que sea derogado del Código Penal de Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad y sean liberadas las personas que purgan prisión por esa causa.

El grupo fue creado a pesar de que el pasado 25 de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso local una iniciativa para derogar dicho delito en atención a la recomendación 146/2021 emitida en diciembre pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la detención arbitraria, imputación indebida de hechos y violación a las garantías individuales de seis jóvenes que estuvieron presos seis meses acusados de ese delito. La Fiscalía General del Estado también admitió dicha recomendación.

Desde la plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno de Xalapa, la asamblea del Movimiento por la Justicia fue encabezada por Dante Delgado Rannauro, senador de MC; la secretaria general del PAN estatal, Indira Rosales San Román, y el diputado federal del PRI José Yunes Zorrilla.

Políticos detenidos

Delgado Rannauro hizo mención de los políticos detenidos por este delito o en condiciones de abuso de autoridad, entre ellos José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado; Yolli García Álvarez, ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y el ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán.

Del Río Virgen es inocente y fue encarcelado por órdenes del gobernador (Cuitláhuac García). También están presos Yolli, Adriana, Omar, Rogelio, Cristal, Migue, Verónica, Tito y Facundo, y no son los únicos: mil 33 personas están privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia.

Delgado Rannauro aseguró que mil 33 vidas han sido truncadas, están separadas de sus familias y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes, porque un gobierno autoritario promovió y logró la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad, con prisión preventiva.

Señaló que este delito incluido en el Código Penal de Veracruz no es otra cosa que un instrumento de represión, un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos injustamente. Estos delitos fueron creados por el gobernador, aprobadas por un Congreso servil y ejecutados por jueces locales que actúan por consigna; acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y representan un atentado a la libertad, a la presunción de inocencia y a los derechos humanos.