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Asistirá el CJF a mujeres que enfrentan proceso legal por interrumpir embarazo
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▲ Familiares de víctimas de feminicidio y mujeres que enfrentan procesos penales por haber abortado podrán acudir a delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública para solicitar el apoyo legal.Foto Yazmín Ortega Cortés
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de octubre de 2021, p. 13

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) comenzará a dar asistencia legal a las mujeres que enfrentan procesos penales por haber abortado y también a las familias de víctimas de feminicidio, luego de que publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) a asumir esta tarea.

Se trata de la defensa legal anunciada por el presidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 8 de septiembre pasado, para que la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar la interrupción libre el embarazo pueda tener aplicación práctica inmediata.

Para que las mujeres que enfrentan un proceso penal por haber abortado, o las familias de víctimas de feminicidio puedan obtener este apoyo legal, basta con que se acerquen a la delegación estatal del IFDP, o bien se comuniquen al teléfono gratuito 800 22 42 426, que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

Se añade que también se atenderá a los familiares de víctimas de feminicidio, dada la alta incidencia de este delito: durante el primer semestre de 2020 (de enero a junio), se contabilizaron 489 feminicidios y mil 443 víctimas de homicidios dolosos, lo que suma un total de mil 932 mujeres asesinadas en todo el país, es decir, en promedio 10.6 víctimas diarias.

El acuerdo detalla las bases legales que permiten al CJF, a través del IFDP, dar esta asistencia legal, en casos del fuero federal o local.

El artículo 17, párrafo octavo constitucional, explícitamente indica que existen competencias federal y locales para proporcionar el servicio de defensoría, pero no precisa lo que puede ocurrir en casos donde el enfoque de la atención derive de estándares de derechos humanos reconocidos en nuestro bloque de constitucionalidad, cuya defensa pueda dar lugar a una posible concurrencia entre autoridades federales y locales, y en casos donde existe un riesgo de que las limitaciones competenciales puedan dejar a ciertas víctimas en estado de indefensión, señala.

Hoy entrará en vigor el acuerdo.