Ciudad Juárez, Chih., La organización civil Movimiento Malinche denunció que el gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván despidió a por lo menos 124 trabajadores del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), quienes lograron construir una política integral para la prevención del embarazo adolescente y desarrollo de espacios laborales en el ámbito público; además, fueron capaces de atender y sancionar la violencia sexual.

El organismo civil explicó que los trabajadores cesantes tenían una formación especializada en la implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

Destacó que, a pesar del continuo recorte presupuestal durante la administración del también panista Javier Corral (2016-2021), lograron construir y fortalecer los Centros de Atención para la Violencia contra las Mujeres (Cavim), espacios en los que más de 61 mil 500 menores y adultas tuvieron acceso gratuito a servicios sicoterapéuticos, jurídicos y de trabajo social.

Sin plan de transición

Acusó que, a pesar de la especialización del personal, no se respetaron sus derechos laborales y el organismo ni siquiera cuenta con un plan de transición capaz de garantizar los derechos de las trabajadoras y la continuidad en la prestación de servicios de los que dependen la salud, seguridad y autonomía de las mujeres atendidas, así como de sus familias y comunidades.

El movimiento manifestó su solidaridad con las trabajadoras y usuarias de los servicios públicos y gratuitos ofertados por Ichmujeres, para acompañarlas en sus acciones de reivindicación de sus derechos laborales.

A Margarita Blackaller Prieto, nueva directora del Ichmujeres, y a la gobernadora María Eugenia Campos les exigieron la construcción de un plan integral para el fortalecimiento del instituto, particularmente de los 12 Cavim, estipulados en el marco legal y en la declaratoria de alerta por violencia de género para la entidad.

El Movimiento Malinche añadió que busca avanzar en la creación de servicios especializados para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las chihuahuenses que carecen de él, como grupos transgénero, indígenas, jornaleras y mujeres en condición de migración o desplazamiento forzado.