unos días de que venza el plazo para que las empresas acaten las nuevas reglas en materia de subcontratación que entraron en vigor el pasado 24 de abril, más de la mitad de los 5 millones de personas que se encontraban en régimen de outsourcing ya fueron contratadas directamente por los patronos para los que realmente laboran. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la migración supuso alzas salariales para 77 por ciento de los 2.6 millones de trabajadores que fueron plenamente integrados a las plantillas de sus empresas, con un incremento promedio de 12 por ciento; aunque dos de cada 10 empleados habrían padecido una baja en sus percepciones.

Entrevistado por este diario, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, puntualizó que los beneficios de dejar atrás la contratación por terceros van más allá de lo meramente salarial. Para los empleados, supone que ahora cotizarán en el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con sus ingresos reales, lo cual redundará tanto en un mayor ahorro para el retiro como en un mejor acceso al crédito para casa-habitación. Además, permitirá que participen en el reparto de utilidades de las empresas.

Por su parte, el fisco, el IMSS y el Infonavit podrán captar cuotas y retenciones con base en las percepciones salariales reales de los contribuyentes, lo que aliviará la grave descapitalización del Estado mexicano y, en particular, de sus instituciones de seguridad social.

Pese a las evidentes ventajas que el nuevo orden de cosas supone para el conjunto de la sociedad, es previsible que varios agentes económicos pretendan seguir lucrando mediante diversas modalidades de estafa a los derechos de los asalariados y el fraude fiscal.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que agrupa a compañías dedicadas a ofrecer servicios de tercerización de las nóminas, advierte que, para burlar la ley, los negocios recurrirán a prácticas como pagar en efectivo, honorarios u otros esquemas que no contemplen la otorgación de seguro social ni pago de impuestos.

Para Romero Aranda, seguir ese camino supondría jugar a la ruleta rusa, toda vez que constituiría un delito de defraudación fiscal, el cual se castiga con hasta 13 años de cárcel.

Claramente, el escenario más deseable es que todas las empresas acaten la nueva normatividad y adapten su modelo de negocio para que su rentabilidad se logre gracias a la innovación, la atenta lectura de las tendencias del mercado, así como por la calidad de sus productos y servicios y no, como lamentablemente ha ocurrido hasta ahora, mediante la denegación sistemática de los derechos de sus trabajadores y el incumplimiento deliberado de sus obligaciones con Hacienda.

En la medida en que el empresariado asuma la importancia de observar las leyes en materia de subcontratación, sus actividades formarán parte de un círculo virtuoso de crecimiento sustentable y verdadera responsabilidad social.