A más de siete años de que vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón denunciaron la apropiación indebida, por un particular, de un predio del gobierno de la ciudad que forma parte del área de valor ambiental de la barranca de Tarango, la Secretaría de la Contraloría General abrió una investigación con el fin de determinar la responsabilidad de funcionarios de la demarcación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para permitir dicha ocupación.

El predio conocido como Eriazo o fracción Mixcoac II, en Prolongación 5 de Mayo, en la colonia Merced Gómez, tiene una superficie de 13 mil 963 metros cuadrados en parte de la porción baja de Tarango y habría sido adquirido en diciembre de 1987 por el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF).

El diputado local de Morena Eduardo Santillán explicó que en 2014 la entonces delegación dio por válidos documentos que presentó el particular José Andrés Pérez Mosqueda para cerrar el acceso a ligas de futbol que usaban los campos en ese lugar, lo que favoreció a éste tener la posesión de la propiedad.

Denuncia vecinal

En una proposición aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México –que da origen al expediente iniciado por la Contraloría por conducto de los órganos de control interno de la Seduvi y la hoy alcaldía de Álvaro Obregón–, el legislador refirió que dicho acto dio paso a la demolición de un frontón, al uso de la propiedad como estacionamiento arrendado al Instituto Nacional de Migración e incluso para el confinamiento temporal de residuos de construcción.

Vecinos promovieron una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que determinó en su investigación que el posesionario real es el gobierno de la ciudad a partir de la escritura pública número 57 de fecha 2 de diciembre de 1987, con fe de la notaría pública 12, en la que consta que el entonces DDF adquirió el predio, inscrito el 16 de agosto del siguiente año en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

El Legislativo solicitó también al Comité de Patrimonio Inmobiliario, que preside la Secretaría de Administración y Finanzas, iniciar, en el ámbito de su competencia, el procedimiento de recuperación administrativa de la propiedad.

Dicho órgano colegiado respondió, sin embargo, al Legislativo que en sesión ordinaria realizada en mayo pasado determinó que no tiene atribuciones para iniciar el procedimiento solicitado.