Mexicali, BC., Activistas de movimientos de resistencia en defensa del agua de Baja California denunciaron persecución política del Congreso local. Se trata de defensores que convirtieron la defensa del agua del río Colorado en su principal acto de protesta y el rechazo a la instalación de la cervecera estadunidense en el valle de Mexicali, para lo cual el gobierno de López Obrador organizó una consulta en la que se decidió que la empresa cancelara sus operaciones.

Uno de sus primeros logros fue derogar la Ley Estatal del Agua de Baja California, promovida por el gobernador panista Francisco Vega (2013-2019), en la que acusaron que permitía la privatización del agua y rechazaron los contratos de construcción y operación de plantas desaladoras en la zona costa de la entidad.

Desde 2016 mantuvieron protestas en el Congreso local, en el ayuntamiento de Mexicali, en dependencias estatales y afuera de la planta cervecera, de la empresa Constellation Brands, e incluso sostuvieron enfrentamientos con la fuerza pública de las administraciones panistas.

Aunque el caso quedó cerrado, en el juzgado cuarto del Sistema Penal Acusatorio se programó audiencia para el 8 de julio a fin de que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo impugne de manera formal la no acción penal por el delito de despojo interpuesto en 2017. Esta denuncia la presentó en octubre de 2017 una legislatura de mayoría panista, y ahora la impugnación la hizo una Legislatura de mayoría morenista.

La denuncia incluye a los activistas Alma Araceli Piña, Tania Gallaga, Gabriela Aranguren, Raquel Camacho y Fernando Zambrano, León Fierro, Jorge Benítez, Filiberto Sánchez, por apropiarse del inmueble de la Cámara de Diputados local, según el expediente del número único de caso 02/2017/42577.

El fiscal Regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, dijo a La Jornada que el Ministerio Público determinó el no ejercicio de acción penal, pues se consideró la inexistencia de ese delito, y se archivó el expediente.

Sin embargo, el actual Poder Legislativo presentó un recurso de impugnación del resolutivo de la Fiscalía del estado por lo que busca revertirla y judicializar este asunto ocurrido en 2017. En octubre de ese año los activistas irrumpieron en el Congreso para exigir que se eliminaran del orden del día los dictámenes 94 y 95 de la Comisión de Hacienda que avalaría contratos a empresas privadas para construir el C5I y las plantas desaladoras de agua para Rosarito-Tijuana y San Quintín.