El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) inició la publicación de los montos que este año transferirá a los gobiernos de los estados para la prestación de servicios y medicamentos gratuitos. Entre otros, la Ley General de Salud establece la obligación de destinar hasta la mitad del dinero al pago de salarios a personal que ofrece atención médica.

Los anexos del acuerdo de coordinación entre el Insabi y cada una de las entidades señalan que se podrán cubrir salarios de trabajadores que hayan sido contratados durante 2020 si sus funciones están directamente relacionadas con la prestación de servicios a personas sin seguridad social.

Respecto a nuevos ingresos con cargo a los fondos federales, establece que sólo son posibles si hay vacantes y, en su caso, si tales espacios se generan en hospitales, se dará prioridad a profesionales con grado de especialistas.

Los primeros cinco documentos que contienen las cantidades y condiciones de uso se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación y corresponden a Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Éstos, junto con Chihuahua, decidieron el año pasado no adherirse al Insabi, por lo que tienen acuerdos de coordinación. Es decir, conservarán la responsabilidad de la administración y prestación de los servicios de salud.

Los anexos para cada estado establecen que al menos 32 por ciento de los recursos se deben utilizar en las compras y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a los servicios médicos; y el resto, 18 por ciento, es para gasto de operación de las unidades médicas en cada entidad.

En relación con los trabajadores, el documento señala que deberán contar con seguridad social y prestaciones de ley, incluso los que tengan contratos eventuales. De esa manera se buscaría terminar con el problema de los contratos precarios que tienen alrededor de 80 mil empleados a nivel nacional, que el gobierno federal busca regularizar.

Para la compra y distribución de medicinas y material de curación, los anexos plantean que se harán transferencias líquidas a las entidades, pero el Insabi retendrá los recursos y entregará en especie los bienes necesarios para la prevención de enfermedades y acciones de promoción de la salud.