Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú dio ayer marcha atrás a su decisión de ampliar el plazo para presentar nulidades de las actas en la segunda vuelta electoral para la presidencia tras una reunión de reconsideración de la medida.

El JNE decidió por la mañana ampliar el plazo hasta las 20 horas para recibir los recursos de nulidades tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, partido de la candidata derechista Keiko Fujimori, pero en la tarde el presidente del órgano, Jorge Salas, llevó al pleno la medida a fin de comenzar a definir a un ganador a cinco días de la contienda.

Con tres votos a favor y uno en contra, el órgano electoral resolvió no continuar con la ampliación de impugnaciones, que había concluido la noche del miércoles, por lo que cualquier solicitud debía ser considerada extemporánea, reportó el diario La República.

Manoseo de la voluntad popular

Horas antes, Dina Boluarte, vicepresidenta de Perú Libre, condenó la ampliación de la medida, señaló que se estaba manoseando la voluntad popular y reiteró que con esta decisión el JNE estaría entorpeciendo su propio reglamento.

Con el total de las actas procesadas, de las cuales han sido contabilizadas 99.6 por ciento, Castillo lleva la delantera en la elección con 50.17 por ciento de los votos y Fujimori con 49.82, prácticamente unos 60 mil sufragios de diferencia, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La aspirante pidió anular unos 200 mil votos, lo que prolongaría la incertidumbre electoral.

El ex canciller paraguayo Rubén Ramírez, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó en un video en redes sociales, transmitido en la televisión peruana, que observó un proceso electoral positivo, en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vueltas y no ha detectado graves irregularidades en la contienda.

Los enviados de la OEA también destacaron la promesa de Fujimori y Castillo de respetar las garantías del proceso y la institucionalidad electoral peruana, y de reconocer el resultado una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección.