El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers , destacó que la nueva Ley General de Educación Superior es el resultado de una amplia consulta, con la que nos sentimos satisfechos e identificados y resaltó que se espera que con ella se fortalezca significativamente la autonomía de las universidades.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que esta legislación, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes pasado, tiene por obligación garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación en este nivel y busca contribuir a ser una perspectiva que permita el bienestar para la formación profesional, pero con un compromiso social.

En la Jornada de análisis: La Ley General de Educación Superior, organizada por la UNAM, Graue dijo que el artículo segundo de la norma fortalece la autonomía e impide que intereses ajenos a las universidades busquen modificar nuestras reglamentaciones o formas de gobernarnos sin el acuerdo específico de nuestras comunidades.

De igual manera, celebró los avances que en gratuidad se podrían llegar a dar y el que los presupuestos que la Federación otorga a las universidades públicas nunca serán menores a aquéllos del año inmediato anterior.

Concheiro Bórquez indicó que la ley anterior, de 1978, poco podía referir ya, pues en 1980 se tenía una matrícula de 935 mil 789 estudiantes, una década anterior únicamente teníamos 270 mil. Hoy estamos por arriba de los 4 millones y medio.

Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, señaló que hay temas que han generado preocupaciones y críticas que deben ser escuchadas y atendidas, por ejemplo los relacionados con la gratuidad y la ostensible política restrictiva en materia de gasto público ya agudizada con la crítica situación financiera de muchas instituciones presente.

Un tema que no se puede dejar afuera, agregó Casanova Cardiel, es el de la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho a la educación superior que no están suficientemente tratados. E incluso la omisión de mecanismos que permitan aminorar las asimetrías sociales de la juventud mexicana.