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Reciben juzgados del Edomex 52 solicitudes de amnistía
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de marzo de 2021, p. 30

Toluca, Méx., Tres días después de que fueron publicados los lineamientos para procesar solicitudes de amnistía, los juzgados y tribunales del Poder Judicial del estado de México han recibido 52 peticiones de acusados, de sus defensores o familiares, que esperan aprovechar la ley aprobada en el Congreso local en diciembre pasado.

Los jueces contarán con 30 días para determinar si son procedentes las peticiones y sólo en casos excepcionales podrán extender este plazo.

Las solicitudes pueden ser presentadas tanto en etapa de control (es decir, cuando el imputado aún está sujeto a investigación), cuando está en juicio o ya fue sentenciado.

Ecatepec ha sido el distrito judicial donde se han comenzado más trámites, con 22, de los cuales 18 corresponden a personas privadas de la libertad que están siendo procesadas y cuatro que están en etapa de control.

El distrito judicial de Toluca recibió ocho peticiones; el de Cuautitlán, siete; Nezahualcóyotl, seis; Tlalnepantla, cuatro; Ixtlahuaca, dos, y Chalco, Tenango y El Oro, una cada uno.

Podrán buscar la amnistía indígenas que no contaron con traductor en sus juicios, campesinos que por falta de recursos no pudieron tener una buena defensa o que por necesidad económica fueron obligados a cometer algún delito, mujeres acusadas de practicarse un aborto, personas de la tercera edad y todo aquel que considere que hubo irregularidades o abuso en los procedimientos penales que se les instruyeron.

Es aplicable en caso de abusos o fallas procesales

La ley puede otorgar la amnistía a quienes hayan cometido ilícitos no graves, como algunas modalidades de robo, delitos contra la salud, abigeato, aborto, resistencia, sedición, y exceso de legítima defensa de mujeres que protegieron su vida y/o la de sus hijos.

También la podrán solicitar quienes cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano o algún organismo nacional o local, por violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso.

Si se otorga el perdón, el Tribunal Superior de Justicia ordenará a las autoridades decretar la libertad y el desistimiento de la acción penal.