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Fallas en el sistema de procuración de justicia mexiquense
 
Periódico La Jornada
Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 22

La pandemia de Covid-19 puso al descubierto e intensificó las fallas que ya existían en el sistema de procuración de justicia del estado de México, entre ellas la sobrecarga de trabajo y la descoordinación institucional, lo cual afectó en particular a los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, pero también fue usado como pretexto por las autoridades para justificar sus omisiones, advirtió un informe de Amnistía Internacional (AI).

En conferencia de prensa a distancia, la investigadora Martha Martí, coordinadora del estudio, indicó que entre los principales hallazgos del mismo se encuentra el hecho de que la pandemia generó una mayor sobrecarga de trabajo para los Ministerios Públicos mexiquenses, los cuales de por sí ya padecían esta circunstancia desde antes de la emergencia sanitaria.

De igual forma, las autoridades encargadas de investigar delitos cometidos contra mujeres se enfrentan a una escasa digitalización de expedientes y un acceso desigual a la tecnología, lo que les impidió recibir denuncias, dar citas para que los quejosos las ratificaran o llevar a cabo reuniones de seguimiento a través de Internet.

Falta de coordinación

Una tercera falla recurrente, de acuerdo con el estudio, fue que las instituciones de justicia del estado de México tienen una actuación descoordinada que generó mayor carga de trabajo para unos cuantos servidores públicos, quienes en muchas ocasiones realizan las labores que dejan de hacer algunos de sus compañeros que enfermaron por Covid-19 o pidieron licencia por ser población de riesgo.

Todo lo anterior, detalló Martí, provocó que muchas indagatorias sobre desapariciones o feminicidios se paralizaran, o que ni siquiera se pudieran recibir nuevas quejas sobre casos recientes, lo cual obstaculizó el derecho de las víctimas a la justicia e hizo aumentar los niveles de impunidad.

La especialista enfatizó que, si bien esta situación ya existía desde antes del surgimiento del Covid-19, la declaración de la emergencia sanitaria le cayó como anillo al dedo a las autoridades del estado de México para justificar su inacción o falta de resultados