Los fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumularon recursos por 5 mil 280 millones 837 mil pesos, cantidad superior en más de 121 millones al total de su presupuesto anual para 2021.

Se trata de cinco fondos creados para fines tan variados como fortalecer la administración de justicia y cubrir prestaciones médicas o pensiones complementarias.

Según el último reporte trimestral de dichos fideicomisos, entre julio y septiembre pasados generaron intereses por 7 millones 279 mil 708 pesos.

El que más recursos ha acumulado es el creado en 2005 para pagar pensiones complementarias a las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) a mandos medios y personal operativo, el cual suma ya 2 mil 479 millones 701 mil 364 pesos.

En su sitio de Internet, la SCJN expone que estas pensiones adicionales se justifican, pues sus funcionarios merecen que cuando por las condiciones personales que la ley prevé se vean obligados a retirarse del servicio activo, en justa retribución se propicien condiciones económicas tales que les permitan continuar viviendo con la dignidad y el decoro que la medianía de sus ingresos les ha proporcionado durante el tiempo en que han cumplido con su noble misión. Los ministros no están incluidos en este beneficio.

Otro de los fideicomisos que acumula cifras de 10 dígitos es el integrado por remanentes presupuestales, que suma ya mil 148 millones 984 mil 284 pesos.

El único relacionado con las labores sustantivas de la SCJN es el conocido como Fondo Jurica, el cual fue constituido en 2008 con aportaciones de la propia Corte y del Poder Ejecutivo, por un total de 600 millones de pesos; al pasado 30 de septiembre reportó tener 604 millones 658 mil 234 pesos.

La existencia de estos fideicomisos no ha estado exenta de críticas.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamó la atención sobre que la finalidad de algunos de estos fideicomisos era cubrir gastos por obras y proyectos de la SCJN, que al final en realidad se terminaban pagando con su presupuesto anual, por lo que recomendó que se apliquen al pago de los gastos que actualmente se cubren con recursos del presupuesto de ese alto tribunal, los cuales bien pueden liquidarse con las disponibilidades de recursos que mantienen los citados fideicomisos, y de esta forma cumplir también con los objetivos para los cuales fueron constituidos.

En marzo de 2016, el entonces senador Mario Delgado Carrillo llevó el tema a tribuna, desde donde afirmó: la SCJN ha abusado de la figura de los fideicomisos, pero no para eludir solamente las reglas de gasto federales, sino para destinar recursos a fines que no son necesariamente sustantivos.

Ninguno de estos fideicomisos del máximo tribunal de justicia del país desaparecerá con la iniciativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, pues la medida sólo se aplicó a los fondos del Poder Ejecutivo.

La mayoría de estos fideicomisos se fundó con dinero de subejercicios del presupuesto anual. Sin embargo, en 2007, al finalizar el periodo del ministro Mariano Azuela Güitrón como presidente de la SCJN, la ASF advirtió que esta práctica estaba prohibida, por lo cual la vía de financiamiento desapareció y desde entonces se sustentan principalmente con los intereses que generan.

Para 2021, el presupuesto de la Corte se estima en 5 mil 159 millones 436 mil pesos.