El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la audiencia intermedia de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en Santa Martha Acatitla.

El juez federal determinará si son pertinentes y suficientes las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para acusarla por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y provocar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.

La ex funcionaria está solicitando que el Ministerio Público Federal localice a algunos de sus más cercanos ex colaboradores para que comparezcan, entre ellos su ex oficial mayor Emilio Zebadúa, quien también es investigado por la llamada estafa maestra, pues de acuerdo con la carpeta de investigación, supuestamente fue el principal responsable de suscribir contratos irregulares que se otorgaron a empresas fachada.

La defensa de la ex secretaria de Estado, que encabeza el abogado Epigmenio Mendieta, propone al juez que se desahoguen 53 datos de prueba, de ellos 38 documentales y 15 testigos, la mayoría ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, entre los que destacan Salvador Ibarra Infante, quien se desempeñó como director general adjunto de planeación de la coordinación general de delegaciones en la Sedesol, y José Antolino Orozco Martínez, director general de Geoestadística, ambos testigos claves en el caso.

En su momento, uno de los ex subordinados de Robles declaró a la FGR que una casa en Polanco, ubicada en Tennyson número 125, habría servido para que Zebadúa atendiera asuntos relacionados con los convenios que firmaron la Sedesol y universidades.

Asimismo, declararon que en junio de 2014, durante una reunión en Polanco, el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo a la funcionaria que las auditorías revelaban que los contratos con universidades presentaban muchas irregularidades, ya que las casas de estudios no tenían capacidad ni la infraestructura para realizar los servicios que solicitaban las citadas dependencias. Uno de los testigos de la FGR afirmó que Robles terminó la reunión de manera abrupta.

Durante la audiencia intermedia, el juez definirá qué pruebas serán desahogadas y servirán para llegar a la etapa de enjuiciamiento. Asimismo, Robles podría declararse culpable de los delitos mediante un juicio abreviado, siempre y cuando lo negocie con la FGR para reducir su condena.