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Ingresan al penal del Altiplano El Mochomo y su abogado defensor
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de septiembre de 2020, p. 7

José Ángel C, El Mochomo, uno de los líderes de Guerreros Unidos, grupo delictivo implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) formalmente del cargo de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Las autoridades detuvieron a su abogado, Arturo Rodríguez García, acusado de sobornar al secretario de acuerdos de un juzgado federal con la finalidad de liberar a su cliente.

El Mochomo permanecía arraigado desde el 24 de junio pasado, cuando fue detenido en Metepec, estado de México.

El 1º de julio fue presentado ante el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales, con sede en Toluca, donde se le dictó libertad por falta de pruebas, ante lo cual la FGR solicitó que fuera arraigado.

Dicho sujeto es hermano de Sidronio, Adán y Mario Casarrubias, fundadores de Guerreros Unidos, grupo que, según las declaraciones de algunos detenidos, fue el responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

La FGR informó que también cumplimentó una orden de aprehensión contra su abogado, Arturo Rodríguez García, cuya voz se escucha en el audio difundido en agosto pasado donde habla con Francelia Salgado, madre de los hermanos Casarrubias, y quien reporta la entrega de dinero a un secretario de acuerdos del juzgado segundo para liberar a su cliente.

Por estos hechos, la juez María del Socorro Castillo Sánchez y su secretario de acuerdos Marco Aurelio González Romero fueron separados de su cargo y se encuentran bajo investigación.

Rodríguez García fue detenido en Toluca y también es señalado de prestanombres de Sidronio, así como de servir de intermediario para hacer que sus instrucciones fueran cumplidas.

Ambos sujetos fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya, estado de México, donde solicitaron al juez de control la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el 24 de septiembre.