Morena cumple con el calendario establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque que no queremos que “imponga un Ortegazo, suceso ominoso para el devenir del PRD”, sostuvo el presidente nacional morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El dirigente adujo que, en su partido, “estamos cumpliendo con la norma y el aplazamiento de sus 300 asambleas, dada la prohibición expresa de las autoridades federales y estatales en el área de la salud. Para nosotros la prioridad es la vida de las personas, y por ningún motivo –que no sea fundado– las pondremos en riesgo.”

Recordó que no se pretende reditar la llegada de Jesús Ortega, en representación de los Chuchos, al control del PRD hace más de una década. Eso no lo podemos permitir, Morena es un partido distinto, vigilado por sus militantes, con una visión de un cambio verdadero. Estamos en la misma situación que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) que ha tenido que posponer en tres ocasiones las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo, porque hay una causa de fuerza mayor que son las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de Salubridad General.

Ramírez Cuéllar comentó que la comunicación de Morena con las autoridades federales y estatales es permanente. Nos han indicado que las asambleas son imposibles de realizar, porque llevarlas a cabo implicaría que se tendría un riesgo muy alto de contagio, y eso no lo podemos permitir.

Insistió en que el TEPJF tiene entre sus obligaciones entender e interpretar la realidad, y salvaguardar los estatutos de Morena, y en el Comité Ejecutivo Nacional estamos preparados; esperamos el banderazo para iniciar el proceso de renovación de la dirigencia nacional.

Falta protocolo promujeres

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conminó al partido Morena a emitir de manera inaplazable su protocolo para prevenir la violencia política en razón de género y, por otra parte, determinó mantener la figura de diputación migrante en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Con esta última decisión, confirmó la resolución de la sala regional capitalina, mediante la cual se dejó sin efecto el decreto emitido por el Congreso local que deroga la diputación referida.

Los magistrados consideraron que la decisión de los legisladores suprimía injustificadamente derechos humanos, políticos y electorales de los migrantes originarios de la Ciudad de México que residen en el extranjero. Entre ellos, el de participación y representación política, así como el de votar y ser votado.

En sesión pública, determinaron que esto generaba una violación al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos.

También resaltaron que la justificación de que no tiene representación significativa, que ofrecieron los legisladores para derogar dicha normativa, fue insuficiente y tampoco se contemplaron otros medios que pudieran ser idóneos para implementar esta figura y garantizar los derechos político-electorales de un grupo vulnerable.