La admisión de controversias contra el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se retrasará, luego de que la ministra Margarita Ríos Farjat pidió al municipio de Colima aclarar los términos de su demanda.

La ministra emplazó al presidente municipal y a la síndica procuradora de Colima a que en los próximos cinco días expliquen cuál es la norma jurídica o el acto de autoridad que combaten, pues por igual mencionan el acuerdo presidencial sobre las fuerzas armadas, que el relativo a las medidas de austeridad y el que fija los lineamientos para otorgar subsidios en materia de seguridad pública.

Por ello les pidió: Precisen la norma general, decreto o acto cuya invalidez sea materia de impugnación, y si en adición impugna diversos actos.

Ríos advierte que, de no aclarar los motivos de su demanda, esta podría ser desechada, en términos del artículo 28, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional.

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación han llegado otras dos solicitudes de controversia constitucional contra el acuerdo que norma las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, una del gobierno de Michoacán y otra de Laura Rojas la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Por versar sobre el mismo asunto, todas fueron asignadas para su estudio a la ponencia de la ministra Ríos Farjat, quien aún no ha admitido a trámite ninguna de las tres.

La petición de la diputada Rojas es la que representa mayor dificultad jurídica, pues fue presentada y sustentada únicamente en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se señala que la presidenta de su mesa directiva podrá promover este tipo de juicios constitucionales cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso.