a supuesta privatización silenciosa del sector eléctrico nacional que concretaron los seis gobiernos neoliberales (panistas a la cabeza) dejó un rosario de atracos a la nación, aunque altamente redituables al capital privado. Por ejemplo, obras inconclusas, pero con pago garantizado y permanente; pago de tarifas menores a las que deberían cubrir por transmisión; contratos leoninos, con un fuerte impacto negativo para el erario; retiro paulatino de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar cupo y vía libre a las empresas particulares y muchísimo más.

Prácticamente todos los días sale a flote cualquier cantidad de irregularidades en los contratos otorgados a particulares por esos seis gobiernos, y para no variar ayer el director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales, denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento, lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado no haya percibido alrededor de 22 mil 800 millones de pesos y el hallazgo de una sociedad de autoabasto (de energía eléctrica) con 10 mil 500 integrantes, de los cuales algunos se han convertido en socios con una participación de un peso ( La Jornada, Israel Rodríguez).

El funcionario detalló que tales sociedades son resultado de la legislación de 2012 (cortesía de Felipe Calderón), en la que se protegió de manera irregular la figura de autoabasto y se les fijaron tarifas de porteo por la utilización de las redes de CFE muy por debajo de las que existen a escala mundial. A éstos se les denominó contratos legados, que suman 284 y tienen un costo promedio de 7 mil 500 millones de pesos anuales y son pagados o compensados por los consumidores finales de energía eléctrica.

De acuerdo con Morales, en 2018 tuvieron un impacto de 7 mil 800 millones de pesos, en 2019 de 7 mil millones y en 2020 se estima que su costo será de 8 mil millones, que la CFE deja de percibir por las tarifas preferenciales en el costo por el transporte de energía a través de las redes de transmisión y distribución de la propia empresa del Estado. Lo que se busca es que estos costos se le paguen a la comisión, sin olvidar que hay una sobrecapacidad instalada por la entrega indiscriminada de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (ídem).

Ese es el resultado de la plena certeza jurídica que Felipe Calderón promovió y garantizó al capital privado participante en el sector eléctrico desde su efímero paso por la Secretaría foxista de Energía y después como inquilino de Los Pinos, porque, decía, a nadie conviene una legislación que suponga riesgos; ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores.

Y esa certeza jurídica causó un daño patrimonial al Estado que se profundizó con Peña Nieto. Hoy comienzan a documentarse los crecientes costos para las arcas nacionales, sin olvidar que en su momento el comandante Borolas recibió su croqueta de parte de una trasnacional española –también la obtuvo la ex secretaria de Energía Georgina Kessel y muchos otros ex funcionarios– como muestra de agradecimiento por los favores recibidos.

El jugoso negocio de los permisos para que los grandes consorcios particulares generaran energía eléctrica comenzó con Salinas y siguió con Zedillo, pero los más generosos fueron los de la docena trágica panista (Fox y Calderón), que autorizaron más de 80 por ciento del total. Pero vendría Peña Nieto y su reforma energética. Los resultados están a la vista: contratos leoninos por doquier, mientras los privados chillan porque el festín se acabó.

Las rebanadas del pastel

Como es tradición en la clase política mexicana, cuando le descubren el enjuague nadie asume la paternidad del chamaco, como ahora sucede con el denominado Bloque Opositor Amplio denunciado por el presidente López Obrador.

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