remenda factura la que el Covid-19 cobra al mercado laboral, porque más allá del impacto en la salud de muchos mexicanos –y de los habitantes del planeta en general– el bicho atenta contra el empleo, el bienestar social y la estabilidad económica. Primero es la vida, sin duda, pero hay que estar preparados para el coletazo más allá de la frontera sanitaria.

Muestra de ello es el informe divulgado ayer por el IMSS: en abril, 555 mil 247 personas perdieron su empleo, con lo que la cifra de afiliados se ubicó por debajo de 20 millones. El descenso más drástico, medido en forma anual, se reporta en Quintana Roo (-18.1 por ciento) y Baja California Sur (-10.8 por ciento). La desocupación registrada en el cuarto mes del año se debe a la emergencia sanitaria por el Covid-19. En el balance anual, la suma de empleos cancelados es de 451 mil 231.

Ante tal panorama la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone que los gobiernos de la región garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. En el largo plazo, el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.

Lo anterior, de acuerdo con la secretaria ejecutiva de dicho organismo, la mexicana Alicia Bárcena, en el entendido de que la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Por ello debe considerar que un ingreso básico de emergencia debe implementarse inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

Bárcena divulgó la tercera entrega del informe especial de la Cepal ( El desafío social en tiempos del Covid-19), en el que se subraya que la pandemia tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

De acuerdo con el organismo, las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11.6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de personas y hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.

En la región, documenta, los mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos informales (53 por ciento en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo). En 2018 sólo 47 por ciento de ocupados aportaban al sistema de pensiones y más de 20 por ciento de ellos vivían en la pobreza. Mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes están sobrerrepresentados entre los trabajadores informales. Ante la caída del PIB en 2020 (5.3 por ciento para la región) y el aumento del desempleo (3.4 puntos porcentuales), la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4.4 puntos.

Nadie dijo que sería fácil, pero esto se pone color de hormiga.

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