Del 19 de marzo al primero de mayo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió 235 quejas relacionadas con el Covid-19, en su mayoría de personas que han sido obligadas a trabajar aun cuando son población en riesgo, son adultos mayores o sufren alguna enfermedad como hipertensión arterial. También, porque disminuyen sus ingresos, suspenden el pago de su salario o los despiden.

Un mes antes, el primero de abril, el Conapred apenas había registrado 14 quejas.

Según el reporte más actualizado del Consejo, las denuncias son principalmente de habitantes de la capital del país (86) y el estado de México (29); le siguen Guanajuato (11), Nuevo León (ocho), Veracruz (siete), Jalisco, Puebla y Sinaloa (con seis cada uno). Del total de denuncias, 123 fueron presentadas por mujeres. La mayoría de los quejosos son trabajadores en general (87), empleados de unidades médicas (37), clientes de prestadores de servicios (29), adultos mayores (25), ciudadanos en general (24), médicos (17), personas viviendo en condominio (12) derechohabientes de instituciones federales de seguridad social (11), entre otros.

Respecto de los responsables de las afectaciones, 101 son servidores públicos, entre instituciones federales de seguridad social, entidades, dependencias, empresas, hospitales y escuelas públicas. El resto, 120 son particulares y destacan compañías o fábricas (51), centros comerciales, supermercados, mercados, tianguis o tiendas (25), arrendadores, administración de condominios (15), persona física (siete), escuelas privadas (cinco) y bancos (tres).

Otros de los reportes que ha recibido el Conapred están relacionados con la negación u obstaculización de un servicio privado, acceso a un programa social y dificultades para obtener atención médica en tiempo y forma.