Vanessa Cabrera Vargas permanece incomunicada en una celda de castigo del penal Neza-Bordo, en represalia por hacer del conocimiento público que dos jueces rechazaron modificar la medida cautelar de prisión preventiva en un reclusorio por prisión preventiva domiciliaria, ante el riesgo que corre su vida en caso de contagiarse de Covid-19, pues padece asma bronquial crónica.

Después de que dio a conocer su caso, el pasado viernes, a un canal de televisión, un grupo de custodias fue a su celda, que comparte con otras cuatro reclusas; las pusieron en el piso boca abajo, les tiraron y rompieron sus pertenencias; buscaban teléfonos celulares, pero no encontraron nada.

Las celadoras las obligaron a desnudarse, las trasladaron al patio de la penitenciaria y les ordenaron hacer sentadillas como castigo; eran alrededor de las 22 horas. Luego las regresaron a la celda.

Minutos después volvieron sólo por Vanessa y se la llevaron; a partir de ese momento la mantienen aislada e incomunicada, denunció en entrevista su abogado, Eduardo Olivares del Castillo.

Explicó que este lunes pudo comunicarse con ella, y le confirmó que personal del reclusorio le reclamó por hacer la llamada al canal de televisión La Octava y le advirtió que iba a estar castigada.

Vanessa le comentó que ha comenzado a presentar mareos y le duele la garganta, y pese a ello no ha recibido atención médica adecuada; sólo le dicen que use el inhalador cuando se siente mal o le recetan salbutamol.

Queja en Derechos Humanos

Olivares del Castillo señaló que, ante esta situación, el sábado presentó un amparo por la incomunicación, tortura y posible desaparición de Vanessa, y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El organismo le respondió ayer que apercibió a los directivos del reclusorio a no realizar actos violatorios de derechos humanos (expediente CODHEM/SP/416/2020).

Indicó que el actuario del juzgado noveno de distrito fue al centro de reclusión y constató que la mujer de 39 años se encuentra incomunicada en una celda de castigo en represalia por haber hecho una llamada telefónica. Vanessa, madre soltera, con dos hijos adolescentes, dedicada a vender ropa usada en tianguis, está recluida en el penal estatal Neza-Bordo desde hace un año y siete meses.

La acusaron del delito contra la salud en modalidad de producción, por el hallazgo de unas plantas de mariguana en una maceta de un área común ubicada frente a su casa, una vivienda de interés social, en el municipio de Chalco. Permanece en prisión preventiva oficiosa desde septiembre de 2018, a pesar de su estado de salud, ya que además de asma bronquial crónica, que le ocasiona dificultad respiratoria severa, padece miomatosis (tumores en la matriz) que le provocan constantes sangrados. De acuerdo con su defensor, Vanessa podría contar con el beneficio de prisión preventiva domiciliaria conforme a la ley penal.

No se ha juzgado con perspectiva de género

No se ha juzgado con perspectiva de género, se ha incurrido en discriminación y se ha puesto en peligro su vida, pues corre un grave riesgo por la pandemia de Covid-19 y las condiciones insalubres en la cárcel, como el carecer de un sanitario en la celda, alertó Eduardo Olivares.

Sostuvo que el caso está plagado de irregularidades, principalmente que el proceso no se ha llevado a cabo de manera oral, además de que el ministerio público formuló la acusación fuera del plazo legal.

Recordó que el 18 y 30 de abril pasados se realizaron audiencias con la finalidad de modificar la medida cautelar de prisión preventiva en un reclusorio por prisión preventiva domiciliaria para preservar la salud de Vanessa y disminuir el riesgo de contagio por coronavirus.

Sin embargo, los jueces Marco Tulio Muñoz Amezcua y Joanna Karina Perea Cano, integrantes del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Nezahualcóyotl, negaron dicho beneficio, el cual está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de existir enfermedad grave.

El litigante presentó una queja (101/2020) contra los jueces Muñoz Amezcua y Magdalena Victoria Oliva, ante el Consejo de la Judicatura Federal, por violaciones al debido proceso en la causa penal 640/2017.

Eduardo Olivares destacó que de manera sistemática, el Centro de Justicia Penal Federal ha declarado improcedente la solicitud de la defensa a pesar de que tienen documentos del penal Neza Bordo que hacen constar que Vanessa tiene asma y miomatosis.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el penal Neza-Bordo, administrado por el gobierno mexiquense, obtuvo una calificación de 5.56. Tiene capacidad para albergar a mil 858 reos (hombres y mujeres) y su población actual es de 4 mil 390 convictos. Hasta ahora, al menos oficialmente, no se ha registrado un solo caso de Covid-19 en esa penitenciaria.

Caso inaudito

El abogado consideró inaudito que los jueces se nieguen a otorgar a su cliente la medida de prisión preventiva domiciliaria, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social ha alertado sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran ante la pandemia, quienes padecen enfermedades respiratorias.

Acusó a las autoridades del reclusorio de modificar el diagnóstico de salud que ellos mismos hicieron constar en documentos previos para hacer parecer que el estado de salud de Vanessa no es grave.