Madrid. Una decena de países, entre ellos Venezuela, Rusia e Irán, solicitaron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que fortalezca sus gestiones a favor del retiro de las sanciones que, además de ilegales, son genocidas por las nefastas consecuencias que tienen en la lucha contra el coronavirus.

Camboya, China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Siria y Zimbabue, en una carta fechada ayer en Ginebra, piden a Bachelet que incluya como prioridad en la lucha contra la pandemia por el Covid-19, la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales, ya que afectan los derechos humanos fundamentales.

Reiteraron que las sanciones económicas y financieras constituyen una violación flagrante al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, al destacar además su naturaleza inmoral e inhumana porque funcionan a expensas de los derechos humanos.

Advirtieron que los efectos de las medidas coercitivas unilaterales se han exacerbado aún más recientemente, ya que el mortífero brote del Covid-19 está causando estragos en todo el mundo, y afirmaron que en este contexto se están volviendo genocidas porque amenazan excesivamente la salud pública mundial.

El grupo de países denunció que las restricciones financieras y bancarias, así como las amplias sanciones secundarias impuestas a diferentes sectores económicos de los países afectados, han privado a esas naciones de sus propios recursos financieros, por una parte, y les han impedido importar productos básicos que salvan vidas, como suministros y equipos médicos.

Subrayaron en la misiva que ningún país por sí solo puede responder a la epidemia y que la labor colectiva es la única forma de detener esta epidemia y proteger a la población de todo el mundo, de modo que la solidaridad y la cooperación entre todos los estados son esenciales para responder a la crisis sanitaria.