La construcción de una megagranja porcícola en la península de Yucatán pone en riesgo el anillo de cenotes y la laguna Yalahau, áreas naturales protegidas en el estado, que son parte de las fuentes de agua de las que dependen económicamente y para su vida cotidiana los habitantes de la región. Se trata de sólo uno de los megaproyectos que proliferan en la zona, suspendido por un amparo que obtuvieron representantes de la localidad Homún.

En conferencia de prensa, habitantes de la comunidad yucateca y sus abogados explicaron que se ampararon contra el proyecto, con capacidad para 49 mil cerdos, que empezó a operar el año pasado, debido a que esta producción masiva ocasionará daños al acuífero y a la población. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y deberá definir los parámetros con los cuales es aplicable el principio precautorio con el cual se otorgó el recurso.

Doroteo Hau, habitante de Homún, recordó que en 2017 se impulsó la instalación de la megagranja que afectará los cenotes y la laguna Yalahau, donde los pobladores realizan actividades de turismo sustentable. No sólo se trata de la riqueza ambiental, sino cultural, precisó.

Lourdes Medina, abogada del Equipo Indignación, que asesora a la comunidad, indicó que el acuífero de Yucatán es la reserva de agua dulce más importante a escala nacional, y por las características del suelo –que permite la filtración de la lluvia– también pasan con facilidad los residuos de los cerdos.

Agregó que la megagranja comenzó a operar sin la manifestación de impacto ambiental (MIA) y un colectivo de niños, por medio de representantes, promovió un juicio de amparo, por el cual la juez cuarta de distrito determinó suspender la operación de la granja con base en el principio precautorio, esto es, que ante la falta certeza sobre la magnitud del riesgo, se detiene la operación. Además, porque no se efectuó la consulta previa ni hubo consentimiento de la comunidad.

Jorge Fernández, también del Equipo Indignación, añadió que en toda la península existe riesgo por la construcción de varios megaproyectos. A raíz de la demanda de Homún, otras comunidades han presentado denuncias por la contaminación que ocasionan las granjas porcícolas: Esto habla de la crisis, no sólo por la instalación de estas obras, sino por la contaminación de organoclorados y por la extracción indiscriminada del agua.

Tiene el caso la ministra Norma Piña, con la posibilidad de definir criterios novedosos, que se homologuen con los internacionales en materia de principio precautorio, que es, en este caso, cuando un pueblo solicita la suspensión porque existe la presunción de contaminación. Agregó que este proyecto demuestra la persistencia del racismo hacia las comunidades indígenas, pues no se consideran sus formas de vida y los impactos en su salud, al medio ambiente y su cultura. Sus derechos son sistemáticamente violados, reprochó.