La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió la renuncia a la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), María Idalia Salgado, luego de conocer que había viajado al extranjero en el jet privado de un empresario transportista.

Lo mismo hizo el ahora ex consejero Jurídico y de Servicios Legales Héctor Villegas, a quien le reprochó su proceder y él mismo renunció al cargo hace ocho días, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo aseguró que bajo ningún motivo puede haber conflicto de interés ni corrupción en el gobierno de la ciudad, por lo que la Secretaría de la Contraloría General ya realiza las investigaciones para saber si hubo algún acto indebido de ambos funcionarios.

Comentó que así como el Estado mexicano tiene su Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ella tiene el centro ciudadano de inteligencia (CCI), que son las audiencias públicas que se realizan por las mañanas.

Ahí, agregó, una persona le comentó que el ex consejero jurídico había hecho un viaje en un avión privado. “Le pregunté, y él me dijo que sí y presentó su renuncia de inmediato. No se la tuve que pedir.

También en mi CCI me enteré que había ocurrido lo mismo con la directora del Invea y ahí sí le pedí su renuncia, por lo que ya se hace la revisión del acta de entrega-recepción.

Aseguró que todos los funcionarios públicos de su gobierno saben que hay un código de ética muy estricto, en el que no se vale la corrupción ni el conflicto de interés.

Dijo que a ambos ex funcionarios los conoce desde el movimiento estudiantil de 1986, cuando eran dirigentes en la Facultad de Derecho, pero aunque sean amigos, conocidos, no tiene absolutamente nada que ver con el servicio público y aquí hay que ser rectos. No hay de otra.

Se supo que ambos funcionarios habían viajado a San Antonio, Texas, Estados Unidos, en la aeronave del empresario del transporte Fernando Ruano, para realizar compras a la pareja del ex consejero, Carina Piceno, quien el pasado lunes presentó, a su vez, su renuncia como coordinadora general de Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino para hacerla efectiva a partir del 16 de diciembre.

En su carta de renuncia alude a cuestiones de índole personal y entre los pasillos del recinto de Donceles y Allende se habló de que obedecía a diversos errores cometidos en su encargo, entre ellos que envió una enmienda al artículo 30 de la Constituvión Política de la Ciudad de México en la que eliminaba la facultad de la jefatura de Gobierno y del propio órgano legislativo para emitir, aprobar y publicar leyes.