Reorientación del gasto público a proyectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población sin sesgos partidistas o clientelares, una política de austeridad que eliminó privilegios de funcionarios y suprimió plazas innecesarias y aplicación de un modelo de adquisiciones con nueva normativa y herramientas tecnológicas para combatir corrupción y reducir costos, son algunas acciones que la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González Escobar, señala en el informe entregado al Congreso previo a su comparecencia ante el pleno el próximo martes.

El documento indica que de los 234 mil 16.3 millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal de este año –unos 7 mil 164 millones más que en 2018– se dirigieron 25 mil millones a proyectos prioritarios y se asignó una inversión histórica por 40 mil 88.3 millones de pesos, apostando por una visión de largo plazo en lugar de una rentabilidad inmediata.

Asimismo, se reporta un ahorro de 8 mil 681.3 millones en servicios generales y de 11 mil 590.1 millones con el replanteamiento de programas sociales y ayudas.

La inversión se destina a grandes proyectos como la construcción de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), el Cablebús, las ampliaciones del Metro y Metrobús, el mantenimiento y renovación de la infraestructura hidráulica, entre otros, además de sectores prioritarios como movilidad, agua, educación y desarrollo urbano recibieron también mayor impulso.

Entre las acciones en estos primeros 10 meses de gestión, señala que se hizo la corrección del cobro en 307 mil cuentas de predial que tuvieron incrementos injustos en 10 alcaldías, principalmente Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan; 769 mil 754 contribuyentes se pusieron al corriente de sus pagos con el programa de condonación de multas, recargos y gastos de ejecución, lo que generó un ingreso por 5 mil 881 millones de pesos con mil 176 millones condonados.

Adicionalmente se realizaron 984 mil acciones en contra de contribuyentes que no cumplen, lo que ha permitido recuperar otros 5 mil 784.6 millones de pesos.

También se revisaron mil 497 permisos administrativos temporales revocables (PATR) de los que 211 títulos onerosos están vigentes y generaron ingresos por 200.9 millones de pesos.

En materia de austeridad y buen gobierno, con la revisión de la estructura orgánica y de honorarios, se suprimieron ocho unidades administrativas y mil 712 plazas de estructura entre subsecretarías, direcciones generales y direcciones, los cuales representaban un costo de 600 millones de pesos; se eliminaron gastos por seguros médicos, viáticos y cobro de representación, los cuales generaron un ahorro de 211 millones de pesos y se reincorporó a la policía a mil 400 efectivos en funciones de escolta de ex funcionarios y otras personas que no pagaban por el servicio.

Además, se cancelaron servicios de consultoría, asesoría, renta de vehículos y servicios de televisión de paga y atención de eventos sociales, los cuales permitieron ahorrar 856.7 millones de pesos.